RGPD

Los retos que encara la Ley de Protección de Datos Personales

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que se aplica desde el pasado mes de mayo en los Estados miembros de la Unión Europea tiene por principal objetivo el proteger la libertad pública y garantizar los derechos fundamentales de las personas, en lo que se refiere a su honor e intimidad, tanto personal como familiar. Para ello da a las personas un mayor control sobre sus datos. Con la nueva ley se tiene en cuenta la evolución tecnológica de los últimos años.

Este Reglamento lleva asociadas modificaciones notables en lo que respecta al cumplimiento en el tratamiento de datos, siendo destacable la responsabilidad proactiva, mediante la cual quién se encarga de tratar los datos debe trabajar también de forma preventiva para la protección de esos datos.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pone a disposición de empresas y profesionales diferentes herramientas que les permiten cumplir con la protección de datos personales, destacando por encima de todo su herramienta «FACILITA». Esta permite que estos puedan cumplir con la normativa vigente.

Otra de las principales novedades incorporados en la última actualización del reglamento es la incorporación de la figura del Delegado de Protección de Datos, quién debe encargarse de que se cumpla la normativa en las organizaciones.

En el Reglamento se recogen los diferentes supuestos en los que es obligatoria la designación de un Delegado, que son los siguientes:

  • Cuando el tratamiento sea llevada a cabo por una autoridad o bien por un organismo público.
  • Si la actividad principal consiste en tratamientos que requieran de una observación sistemática y habitual de las personas a una escala grande.
  • Cuando las actividades principales del responsable consista en tratar a gran escala las categorías especiales de datos personales.

La designación de un Delegado de Protección de Datos es el primer paso a seguir en la ruta para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

ordenanzas de Movilidad Urbana

Cuáles son las ordenanzas de Movilidad Urbana en España

Las ordenanzas de Movilidad Urbana en España dependen de cada municipio del territorio nacional y pueden variar de forma considerable entre unas y otras, si bien cabe hablar de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), unos elementos en los que ha hecho especial hincapié la Unión Europea.

El concepto PMUS hace referencia a una serie de principios que deben tomarse en cuenta para adaptarse a las circunstancias de cada área urbana, teniendo como objetivo central el mejorar la accesibilidad de las áreas urbanas, al mismo tiempo que trata de promulgar el transporte y la movilidad sostenible en las ciudades.

El enfoque de los PMUS son las personas, tratando de responder a sus necesidades de movilidad y tratando de elaborar planes sostenibles que ayuden a las personas a ahorrar costes, mejorar su calidad de vida y su salud, al mismo tiempo que ayudan a la conservación del medio ambiente y permiten una movilidad más fluida.

En este sentido hay muchas medidas de movilidad urbana sostenible que se pueden implementar en las ciudades, entre las cuales se encuentran el incentivar el uso de la bicicleta, el transporte público local, la regulación de acceso a las ciudades, la existencia de zonas de baja emisión, los vehículos energéticamente eficientes, etcétera.

En las últimas ordenanzas de Movilidad Urbana en España, la gran mayoría de municipios han apostado por cambios como:

  • Regulación de los Vehículos de Movilidad Urbana (VMU).
  • Prohibición de los patinetes eléctricos a circular por las aceras, pero sí en carriles bici y calles a 30 km/h o menos.
  • Establecer requisitos para los sistemas de movilidad compartida.
  • Fomento de la movilidad ciclista.
  • Patines y monopatines que deben circular a velocidad de peatón por la acera.

Estas son solo algunas de las muchas modificaciones que han tenido lugar en las ordenanzas de Movilidad Urbana en España, apostando en la gran mayoría de los Ayuntamientos españoles.

Ley Anti Uber

¿Cómo funciona la ley anti-Uber?

El Congreso aprobó en el pasado mes de mayo el decreto ley por el cual el Gobierno limita a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), lo que hace que las reglas de proporcionalidad del taxi adopten un rango de ley.

La norma incluye la limitación de 1/30, la cual establece que el número de licencias de VTC debe ser de una por cada 30 de taxi, y la proporción del 80/20, que indica que el 80% de los servicios de una VTC deben ser prestados dentro de su propia Comunidad Autónoma.

El objetivo de la ley es el de tratar de equilibrar la actividad del taxi así como de las empresas de alquiler con conductor, tratando de equilibrar la presencia de licencias de acuerdo a la mencionada limitación del ratio 1/30, ya que llegó a haber un ratio de 1/9, lo que supuso un problema para la el sector del Taxi, que ante la competencia de Uber y servicios similares, se ha manifestado en numerosas ocasiones tratando de reivindicar sus servicios.

Por su parte, la proporción del 80/20 limita a los conductores con licencias VTC a la hora de prestar sus servicios en más de una Comunidad Autónoma, lo que restringe mucho más su ámbito de actuación, lo que supone una menor competencia para el sector del transporte.

La Ley anti-Uber fue creada con el objetivo de proteger al sector del Taxi, que se ha visto seriamente amenazado por la llegada de estas empresas que captan a sus clientes a través de aplicaciones móviles y que cuentan con una gran cantidad de clientes en todo el mundo.

Uber y otras compañías similares han tenido un gran éxito por lo ajustado del precio del servicio, ya que los clientes abonan una cuota en función de los kilómetros recorridos y el tiempo transcurrido, además de un euro por utilizar el servicio. Esto supone para los clientes el pago de tarifas inferiores a las que se deben abonar al utilizar un taxi convencional.

¿Cómo ayuda el Código Civil a las personas?

El Derecho Civil es el encargado de regular socialmente la existencia de los individuos, considerando que todos los ciudadanos son parte de una organización compleja y amplia.

El Derecho Civil es el encargado de regir los vínculos privados de las personas, estando constituido por diferentes reglas de carácter jurídico que establecen las relaciones personales y patrimoniales. Su misión es la de proteger los intereses de los individuos tanto a nivel moral como patrimonial.

Esta rama del derecho se encuentra compuesta por diferentes normas que están establecidas en el código civil.

El Código Civil es un conjunto ordenado y sistematizado de normas de Derecho privado, que tiene por objetivo el regular las relaciones civiles entre todo tipo de personas físicas, privadas, jurídicas o públicas.

De esta manera, gracias a la existencia del mismo se consigue proteger los derechos de los ciudadanos, abarcando todas aquellos aspectos del ordenamiento jurídico privado que tienen hasta el más íntimo contacto con las personas, con su existencia cotidiana.

En España el Código Civil rige a los individuos desde antes del nacimiento hasta después de la muerte, abarcando para ello los diferentes derechos, siendo considerado por ello como la rama de referencia para el resto de ramas del derecho, ya que todas ellas, en una u otra medida, se encargan de tratar el establecimiento entre personas.

El Código Civil se encuentra constituido por 1976 artículos, los cuales están repartidos en Libros, divididos a su vez en Títulos y estos en Capítulos, en los cuales se encuentran las Secciones que albergan los artículos.

En cuanto a su estructura se conforma de un Título Preliminar que trata las normas jurídicas, su eficacia y su aplicación, seguido del Libro Primero, que trata «De las Personas«, el Libro Segundo, que se dedica a «Los bienes, la propiedad y sus modificaciones«, el Libro Tercero centrado en «Diferentes modos de adquirir la Propiedad» y el Libro Cuarto, centrado en «Obligaciones y contratos«.

Ley reguladora de la Jurisdicción Social

Ley Reguladora de la Jurisdicción Social

La Jurisdicción Social es aquella que se encuentra destinada al conocimiento y aplicación del Derecho dentro del orden jurisdiccional social, teniendo en cuenta los sistemas de la Teoría del Derecho y centrándose en los ámbitos del Derecho Laboral y la Seguridad Social, buscando así que la labor de los tribunales y los jueces sea más sencilla.

En la Jurisdicción Social se incluyen diferentes órganos instituidas por el Estado para resolver los conflictos de trabajo al mismo tiempo que garantiza los derechos de los trabajadores, con unos principios que diferente del proceso civil.

En este sentido, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es la que marca la manera de actuar en este ámbito, ampliando sus competencias desde su última reforma, pasando a incluir el control a nivel jurisdiccional de los actos administrativos sobre materias que hasta el momento se atribuían al conocimiento del orden civil y contencioso-administrativo.

El orden social se constituye para las prestaciones de la seguridad social y la valoración, reconocimiento y la calificación del grado de discapacidad, haciendo que sea el único componente para los litigios acerca de la prevención de los riesgos laborales. De esta manera los funcionarios y el personal estatutario deberá llevar a cabo sus reclamaciones sobre las enfermedades profesionales o los accidentes de trabajo en este orden jurisdiccional.

Así pues, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es a la que se debe recurrir en todos aquellos casos que haya algún tipo de proceso relacionado con el ámbito laboral en materia de accidentes de trabajo, intermediación labora, expedientes de regulación de empleo, así como los derechos fundamentales y todo lo referente a las medidas tomadas para aprovechar todas las funcionalidades propias de la oficina judicial y los trámites a través las nueva tecnologías y sus diferentes procesos.

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se encuentra constituida por cuatro libros, más las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, estando cada uno de los libros dividido en diferentes títulos, los cuales a su vez se dividen en capítulos, secciones (y sub-secciones) y artículos.