La circulación de vehículos, el tráfico y la seguridad vial se regula por varios sectores dentro del ordenamiento jurídico. En el ámbito administrativo la principal norma es el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, mediante el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial.
Dicho Real Decreto se divide en un Título Preliminar y seis títulos. En el primero se indica tanto el objeto como el ámbito de aplicación de la ly, mientras que los títulos tratan:
- Título I: En él se regulan las competencias acerca de tráfico, la circulación de vehículos a motor y la seguridad vial.
- Títulos II y III: En estos aparecen las diferentes normas de comportamiento relativas a la circulación y la señalización.
- Título IV: Habla de las autorizaciones administrativas.
- Título V: Este título trata la regulación de las infracciones, sanciones y las diferentes medidas cautelares existentes. También trata el procedimiento sancionador.
- Título VI: Este último título recoge el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico.
Aspectos más destacados de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
- Se atribuye la condición de delito, sancionado con una pena privativa de libertad, para algunos excesos de velocidad. De hecho, se establece una pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes conduzcan a una velocidad superior a los 60 km/h en vías urbanas u 80 km/h en vías interurbanas con respecto a la permitida legalmente.
- También se considera delito la conducción sin permiso de conducción. Tiene la misma consideración quién ha perdido el mismo por la pérdida total de los puntos, por la privación del permiso por decisión judicial o por no haber obtenido nuca el mismo.
- Las multas pueden clasificarse en tres tipos (leves, graves y muy graves). En las leves la sanción es de hasta 100 euros, mientras que en las graves conllevan un pago de 200 euros. Por su parte, las multas muy graves pueden tener un coste de entre 500 a 20.000 euros en función de la gravedad de la infracción.