La crisis sanitaria por coronavirus ha provocado que el Gobierno de España se haya visto en la obligación de implementar diferentes leyes nuevas a cumplir. Entre las medidas adoptadas por el Estado se encuentran la prohibición de despedir a empleados o limitar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa del estado de alarma.
Algunas de las nuevas leyes implementadas son las siguientes:
Prohibidos los despidos por la crisis del coronavirus
El Gobierno, como complemento a las medidas establecidas en el Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo, se estableció que las empresas no pueden despedir a sus trabajadores mientras dure el estado de alarma.
No obstante, está prohibido despedir alegando la crisis por COVID-19 como razón para la extinción del contrato. Si se puede despedir alegando otras causas, como, por ejemplo, un despido disciplinario.
Prohibición de cortar suministros básicos
Por otro lado, el Gobierno prohibió el cese de suministros básicos, como son la luz, el agua y el gas, a colectivos vulnerables durante el periodo de crisis por coronavirus. De esta forma se trata de garantizar que todas las personas puedan contar de los mismos. De igual modo, el Gobierno podría intervenir empresas para asegurar la continuidad de los suministros.
Prestaciones por falta de actividad para autónomos
Los autónomos podrán recibir una prestación por cese de actividad a los trabajadores autónomos que se encuentren afectados por la crisis sanitaria. Esta nueva medida es compatible con la exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social.
Las empresas insolventes ganan tiempo para hacer frente al coronavirus
Las empresas pueden llegar a morir por la falta de liquidez. Por este motivo, el Gobierno decidió aprobar una nueva reforma de la Ley Concursal. La ley indica que quién no puede pagar debe pedir ayuda para renegociar sus deudas al juez, con un preconcurso de acreedores o ir al juzgado para llevar a cabo un plan de pagos que permita evitar un proceso de liquidación.
Dada la crisis actual, se han incrementado los plazos y podrán realizar un reconvenio, un nuevo plan de pagos antes de un año. Además, los nuevos insolventes tendrán amnistía hasta el próximo 31 de diciembre.
Veto a la inversión de empresas extranjeras
El Gobierno ha modificado las normas de inversión para evitar que empresas extranjeras de fuera de la Unión Europea se aprovechen de la caída bursátil para hacerse con sectores clave. De esta forma se solicitará autorización y esta podrá ser denegada.