El ordenamiento jurídico español es el conjunto de normas que rigen el conjunto del Estado, compuesto por la Constitución Española y otras leyes y normas. Hay que tener en cuenta que se trata de un ordenamiento complejo y jerarquizado.
Al ser un Estado de autonomías, hay que tener presente el ordenamiento jurídico autonómico, con su norma institucional fundamental, que es el estatuto de autonomía.
Leyes estatales y autonómicas
Con respecto al ámbito territorial de las leyes en España, hay que tener en cuenta una serie de conceptos relacionados con ella, entre los cuales se encuentra el concepto de Ley, que es una norma jurídica de carácter general y obligado cumplimiento dictada por los órganos que tienen el poder de legislar o hacer las leyes. En función del parlamento en el que se elaboren, podemos distinguir entre leyes estatales y leyes autonómicas.
Leyes estatales
A la hora de hablar de las leyes estatales podemos encontrar una doble clasificación en función de su tipo, que son las siguientes:
- Órgánicas: Reciben el nombre de leyes orgánicas aquellas que se encargan del desarrollo y/o regulación de los derechos fundamentales y las libertades públicas así como otros aspectos jurídicos de similar índole, además de ser las responsables de la aprobación de los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las previsiones que se encuentran debidamente recogidas en el articulo 81.1 de la Constitución Española. En el caso de los Estatutos de Autonomía se consideran leyes orgánicas pero al mismo tiempo son la primera norma del ordenamiento jurídico autonómico tras la C.E.
- Ordinarias: Son las encargadas de regular las diferentes cuestiones o temas jurídicas que sean necesarias a nivel estatal.
Leyes autonómicas
Las leyes autonómicas son las que aprueban los Parlamentos de cada autonomía en función del poder legislativo que poseen dentro de su propio ámbito territorial. En ellas solo se pueden encontrar reguladas aquellas materiales y aspectos que, de acuerdo a los estatutos, son de su competencia. Se relacionan con las leyes estatales bajo el principio de competencia.