La Ley de Contratos en el Sector Público es la normativa que trata de luchar por la integridad, transparencia, la igualdad y la competencia a la hora de llevar a cabo contrataciones en el sector público, como se puede deducir por su nombre.
Entre los principales objetivos de la ley de contratos se encuentran los siguientes:
Lucha contra la corrupción
Se establece que las mesas de contratación no pueden disponer de cargos políticos, salvo en las entidades locales, dónde puede haber un tercio de los mismos que sí lo sean.
Los contratos menores se establece en 40.000 euros para contratos de obras y de 15.000 euros en el caso de los contratos de servicios y suministros. No se permite un fraccionamiento irregular del objetivo del contrato.
Además cuenta con medidas destinadas a evitar el fraude de los partídos políticos y otras organzaciones sindicales y empresariales.
Simplificación de los procedimientos
En la actual ley se trata de reducir la burocracia y el resto de cargas administrativas, promoviendo el uso de la declaración responsable, y los procedimientos abiertos simplificado y supersimplificado. De esta manera se buscan reducir los plazos y mayor agilidad a la hora de presentar proposiciones.
Mayor competencia para PYMES
Con esta ley se consigue ofrecer a las PYMES un acceso a los contratos públicos gracias a una mayor suavidad en los requisitos de clasificación empresarial, que solo es exigible en contratos de obras con una cuantía superior a los 500.000 euros. De esta manera se fomenta la competencia.
Implantación de criterios sociales y medioambientales
En esta ley se busca elegir en los contratos públicos aquellas ofertas que tengan la mejor relación calidad – precio, tomando en cuenta tanto el precio como criterios sociales, medioambientales e innovación.
Innovación e implantación de medios telemáticos
Por último, otro punto importante de esta ley es la apuesta por la implantación de medios telematicos y electrónicos a la hora de llevar a cabo las contrataciones públicas.