La entrada en vigor de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario llega cargada de cambios de gran importancia en lo que se refiere a este tipo de préstamos.
Esta ley, que surgió al mismo tiempo de los problemas judiciales de los que han sido objeto los bancos españoles, con casos como la cláusula suelo, establece diferente medidas, entre las cuales se encuentran que todos aquellos gastos corren por parte de la entidad a excepción de la tasación, al mismo tiempo que se determinan plazos más amplios para la ejecución de la hipoteca en caso de impago y determinados límites para las comisiones que se deben aplicar en el caso de que se devuelva el capital con antelación y para los intereses de demora.
Ante esta nueva ley, los bancos se han visto obligados a modificar sus ofertas hipotecarias, pero aunque tras el primer pronunciamiento del Tribunal Supremo que indicaba que era el banco y no el cliente quién tenía que hacerse cargo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), y que llevó a una subida en el TAE, posteriormente tras la marcha atrás del Tribunal Supremo en noviembre, hizo que el TAE volvió a sus valores anteriores. Meses más tarde se puede ver como esta tasa está a unos niveles incluso inferiores a las de hace ocho meses atrás.
Los expertos no descartan que con la nueva ley de crédito inmobiliario se puedan producir nuevos cambios en el mercado de las hipotecas, siendo probable que haya una subida de precios así como un endurecimiento y ralentización a la hora de conceder los créditos.
Aunque por el momento las subidas son consideradas débiles, estas podrían acelerarse una vez esté consolidada la aplicación de la ley, ya que con una subida de los intereses se conseguirá compensar la bajada de otros ingresos a causa de la nueva ley.