La Ley de Propiedad Intelectual, también conocida como la Ley Antipiratería, se renovó en 2019 para adoptar nuevas medidas con las que proteger a los autores originales de los contenidos, adoptando nuevas medidas como el nuevo sistema para el cierre de páginas web que son acusadas de cometer infracciones de forma continuada.
Este reforma de la ley de Propiedad Intelectual aprobada en 1996 tuvo lugar para adaptarse a la directiva 2017/1564 del Parlamento Europeo.
En la actualidad hay, por tanto, una nueva forma diferente a la utilizada antaño para la gestión de las solicitudes de cierre de páginas web por infracciones del derecho de propiedad intelectual. De esta manera, desde este año 2019 aquellas páginas web piratas que hayan reincidido en sus infracciones han pasado a gestionarse a través de un órgano administrativo, la conocida como «Comisión Sinde».
Esta comisión puede requerir a los operadores de internet el bloqueo de la página web sin tener que recurrir a un juez, como ocurría hasta el momento en el que entró en funcionamiento esta nueva regulación.
Hay que tener en cuenta que las páginas web que infrinjan en al menos dos ocasiones la normativa existente en materia de piratería y vulneración de los derechos de propiedad intelectual se enfrentarán a una infracción administrativa calificada como «muy grave», la cual puede acarrear una multa de entre 150.001 euros hasta 600.000 euros.
En este sentido, esta ley fue creada para tratar de hacer frente a las miles de páginas web en la que los usuarios publicaban todo tipo de contenidos que vulneran la propiedad intelectual de los creadores originales de los mismos, ya sea en lo referente a a descarga de películas, libros, fotografías, programas informáticos, etcétera.
No obstante, esta reforma de la ley llegó cargada de polémica, ya que la Asociación de Internautas vertió duras críticas hacia ella, asegurando que lo que se buscaba con la misma es el control de internet y dejar a los usuarios sin poder disfrutar de una red neutral y libre.