Ante los recientes debates que han tenido lugar en el congreso sobre las reformas a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), tanto los derechos de autor como su remuneración han pasado a convertirse en un tema controversial a raíz de las ponencias a favor y en contra que se han venido presentando y por supuesto, de la posición que han tomado al respecto, entidades de gestión de derechos de radio y televisión al igual que sus usurarios.
Puesto que se pretende examinar con lujo de detalles las tarifas que actualmente se vienen cobrando a las diferentes radios por causa de la música que emiten, la posibilidad latente de estas enmiendas, reaviva una gran indisposición debido a las incongruencias que saltan a la vista, las mismas que en términos de cómo pueden ser las cosas en el futuro, despiertan una gran preocupación en este sector.
¿Inseguridad jurídica para la fijación de tarifas?
Considerando que son los sectores de radio y televisión son los que más deben aportar para poder hacer uso del repertorio, la demora en la publicación de la resolución de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI) donde se estipula que las radios deben abonar un porcentaje de las ganancias que obtengan por publicidad que estará sujeto a la intensidad y relevancia del uso que se haga de la música en las emisoras, lleva a efectuar una comparativa que arroja que este porcentaje es bastante inferior al que debían asumir cuando existía una tarifa determinada unilateralmente por las entidades, es por esto que se insiste en la incoherencia de la oferta.
Por su parte, la destitución del secretario general de la SPCPI, junto a la dimisión de su presidente y la petición de desistimiento manifestada por la AGEDI-AIE el día inmediatamente anterior, ponen en duda, la existencia de una seguridad jurídica real para la consolidación de las reformas que se están planteando, adicionalmente, se pone en tela de juicio si lo que se pretende hacer es garantía de efectividad y no más bien un obstáculo para mantener el equilibrio en este sector.
Quejas ante las enmiendas pactadas
De otro lado, la demora de la tramitación de la reforma de la LPI ha salpicado a usuarios de los que poco se habla pero que son igual de relevantes, tal y como es el caso de hoteles y universidades, quienes han alzado su voz de protesta, pues como ellos mismos sostienen, los efectos de todos estos cambios son totalmente impredecibles.
De esta manera, el escenario universitario ha manifestado que estos ajustes en la negociación de derechos representan el ingreso a una ruta de total desprotección ya que, aunque resaltan que en ningún momento buscar ser eximidos de los pagos por el uso de material para sus aulas virtuales, si piden que dicho pago sea ajustado al uso ya que no se trata de algo que represente alguna ganancia para los entes educativos, es simplemente algo imprescindible para la adecuada formación de los estudiantes.
Así pues, toda esta legislación cultural, tendría que encaminarse más que nada al encuentro de un regulador fuerte y estable que garantice una adecuada coordinación de todos los actores involucrados.