Los empresarios que obliguen a sus empleados a trabajar durante el ERTE se enfrentan a multas de gran consideración, así como penas de cárcel en algunos casos más severos. Además, la propia plantilla de trabajadores también puede llegar a ser sancionada.
Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se pueden adoptar en diferentes circunstancias como en el caso la crisis sanitaria por coronavirus. Sin embargo, hay empresas que obligan a sus trabajadores sometidos a ERTE a trabajar y lo mismo ocurre con quienes han recibido una reducción de jornada, forzando a estos últimos a realizar un horario de trabajo superior al pactado inicialmente.
Multas de hasta 187.500 euros
La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) castiga este tipo de conductas, considerando que se trata de una infracción muy grave. Esto es debido a que el trabajador está percibiendo una prestación de la Seguridad Social que es incompatible con desempeñar el trabajo por cuenta ajena.
En este sentido, se establecen multas de entre 6.250 y 187.500 euros, dependiendo la cuantía final de la multa en función de la gravedad, el número de trabajadores que se encuentran afectados o el tamaño de la empresa.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que si el fraude corre a cargo tanto de la empresa como del propio trabajador, este último estaría obligado a devolver los salarios, ya que se entiende que ha sido colaborador en el fraude.
Hasta 6 años de cárcel
Además de las multas que pueda imponer la Inspección de Trabajo, este tipo de conductas también están castigadas en el terreno penal. De acuerdo al artículo 307 ter del Código Penal, se encuentra tipificado el fraude a la Seguridad Social, con sanciones económicas y penas de cárcel de entre 6 meses y 3 años de prisión.
Además, si la cantidad que se ha defraudado supera los 50.000 euros, el castigo va de 1 a 6 años.