Debilidades del diseño legal de la contratación pública electrónica en España

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público trajo consigo una gran novedad, las obligaciones relativas a la implantación de la contratación pública electrónica en España. Esta establece, de forma obligatoria, que las Administraciones públicas y los poderes adjudicadores deben contar con una contratación electrónica.

Sin embargo, un par de año después aún existen muchos problemas con respecto a la contratación pública electrónica en España, en gran parte por una falta de una apropiada política de transición y por una falta de diseño en su puesto en funcionamiento, lo que ha dado origen a una gran cantidad de problemas técnicos.

La imposición del sistema de contratación pública electrónica viene dado por la intención de simplificar los trámites a empresas y poderes adjudicadores, al tener que emplear para ello tan solo una plataforma. Sin embargo, esto puede ser contrario a Derecho por varios aspectos:

  • Falsear la competencia, llegando a crear un monopolio público que no se encuentre ni previsto ni amparado en la Ley.
  • Burocratizar de forma indebida los procedimientos, ya que se imponen soluciones licitatorias semejantes.
  • Afecta al sistema de competencias administrativas.
  • Impedir la adaptación del modelo a especialidades organizativas públicas concretas.

De esta manera se puede ver como existen diferentes debilidades en lo que respecta al diseño legal de la contratación pública electrónica en España, pero además tiene otros problemas relacionados con la seguridad de la información y de la gestión documental.

Una de sus principales debilidades radica en que la PCSP trabaja con sus propios estándares y no permite que se utilicen otros diferentes, lo que supone una gran limitación, una limitación indebida frente a la posible competencia de otras empresas del sector, lo que además es contrario a la política europea al respecto.

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El uso de estos estándares propios supone una resitrcción al mercado nacional y también europeo, poniendo en riesgo la política del país a la hora de favorecer a que las empresas puedan tener oportunidades en el mercado.

Derecho Administrativo

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