Cada vez son más las personas que realizan compras por internet por las ventajas que ello supone. No obstante, hay quienes siguen dudando acerca de la protección en las compras por internet, ya que temen que pueda suceder algún tipo de problema durante el proceso de compra y que sean víctimas de un fraude o una estafa.
El extendido uso del comercio electrónico ha provocado que sea necesaria una mayor seguridad jurídica. No obstante, hay que tener en cuenta que a la hora de llevar a cabo una compra por internet, los derechos son idénticos a los de hacerlo en un establecimiento físico. Es decir, las tiendas online deben ofrecer las mismas condiciones en cuanto a plazos de devolución y garantía.
El principal problema radica en que muchas tiendas online que se publicitan en España, realmente cuentan con su sede fuera del país, lo que puede generar situaciones más complejas, sobre todo si se trata en países que no son países miembros de la Unión Europea.
En todo caso, es importante que, antes de realizar una compra compruebes la fiabilidad del vendedor. En España, según la Ley 34/2002 (LSSICE), las empresas que comercializan por Internet están obligadas a publicar su nombre o denominación social, su número de identificación fiscal, residencia o domicilio, dirección de correo electrónico u otro método de contacto y datos de inscripción en el Registro Mercantil u otro registro público.
Si es una empresa extranjera se recomienda comprobar que esta empresa ofrece sus servicios o distribuye sus productos a España.
Además, hay que comprobar la política de privacidad de la empresa, donde debe estar descrito el tratamiento de la información personal que hace la empresa de sus clientes.
Cuando un consumidor compra online, acepta las condiciones generales de la contratación que fija la empresa de comercio electrónico que, en ocasiones, no está en España. Esto puede generar un problema, ya que en caso de litigio este podría ser en el extranjero, y en muchas ocasiones no será práctico para el usuario si se trata de un producto de reducido o escaso valor.
En España, se debe recurrir al texto refundido de la Ley general de defensa de los consumidores y usuarios como legislación para la protección de los usuarios.