El Congreso aprobó en el pasado mes de mayo el decreto ley por el cual el Gobierno limita a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), lo que hace que las reglas de proporcionalidad del taxi adopten un rango de ley.
La norma incluye la limitación de 1/30, la cual establece que el número de licencias de VTC debe ser de una por cada 30 de taxi, y la proporción del 80/20, que indica que el 80% de los servicios de una VTC deben ser prestados dentro de su propia Comunidad Autónoma.
El objetivo de la ley es el de tratar de equilibrar la actividad del taxi así como de las empresas de alquiler con conductor, tratando de equilibrar la presencia de licencias de acuerdo a la mencionada limitación del ratio 1/30, ya que llegó a haber un ratio de 1/9, lo que supuso un problema para la el sector del Taxi, que ante la competencia de Uber y servicios similares, se ha manifestado en numerosas ocasiones tratando de reivindicar sus servicios.
Por su parte, la proporción del 80/20 limita a los conductores con licencias VTC a la hora de prestar sus servicios en más de una Comunidad Autónoma, lo que restringe mucho más su ámbito de actuación, lo que supone una menor competencia para el sector del transporte.
La Ley anti-Uber fue creada con el objetivo de proteger al sector del Taxi, que se ha visto seriamente amenazado por la llegada de estas empresas que captan a sus clientes a través de aplicaciones móviles y que cuentan con una gran cantidad de clientes en todo el mundo.
Uber y otras compañías similares han tenido un gran éxito por lo ajustado del precio del servicio, ya que los clientes abonan una cuota en función de los kilómetros recorridos y el tiempo transcurrido, además de un euro por utilizar el servicio. Esto supone para los clientes el pago de tarifas inferiores a las que se deben abonar al utilizar un taxi convencional.