El delito de prevaricación se da en aquellos casos en los que un juez, funcionario o autoridad pública, infringe los deberes profesionales y la confianza que debe aportar a la sociedad. De esta manera, lo que hace que no esté funcionando de manera correcta la Administración Pública.
De acuerdo a lo establecido por la Consittución Española, la Administración Pública debe servir de manera objetiva los intereses generales de la sociedad, además de cumplir con unos principios que son exigidos para el desempeño de su función. Por este motivo, el derecho penal sanciona el delito de prevaricación, buscando la proteger a los ciudadanos y a la propia Administración.
La prevaricación es uno de los delitos especiales que se encuentran recogidos en el apartado de delitos contra la administración pública. No se debe confundir con otros delitos como el cohecho o la malversación.
Prevaricación administrativa
El delito de prevaricación se regula en el artículo 404 del Código Penal y se produce cuando la autoridad, siendo consciente de la injusticia de una resolución, la dicta en un asunto administrativo. Es una forma de abuso de la autoridad. En este sentido, el dolor es fundamental para que se considerado delito.
La pena para los responsables es de de inhabilitación especial para cargo público, además de inhabilitación para el sufragio pasivo de 9 a 15 años.
Prevaricación judicial
En el Código Penal hay otras formas de prevaricación, aunque se encuentran en el apartado de delitos que afectan a la administración de justicia. Este es el caso de los delitos de prevaricación judicial (art. 446) y el delito de prevaricación de abogados y procuradores (art. 467).
La prevaricación judicial se produce cuando magistrados o jueces, a sabiendas de que son contrarios a la ley, dictan una sentencia injusta. También en aquellos casos en los que se retrasa sin justificación la tramitación de un proceso judicial o cuando se produzca una negación a juzgar una causa judicial.
En este caso, las penas pueden ser de penas de multa de entre 6 a 24 meses y de prisión de 1 a 4 años. Además, conllevan inhabilitación durante un tiempo determinado. Estas dependen de cada tipo de caso.