El término whistleblowers es utilizado en Europa para referirse a aquellas personas que denuncian un caso de corrupción o fraude en una empresa para que este sea investigado, prevenido o corregido.
Se trata de una persona que se preocupa por el buen funcionamiento de la empresa y que advierte a la misma de los riesgos existentes ante posibles irregularidades, tratando así de ayudar a las empresas a que hagan frente a las mismas. De esta manera, deben ser considerados colaboradores en la gestión de riesgos penales.
Un denunciante puede ser ser cualquier ciudadano que tenga evidencias acerca de un fraude o irregularidad en el seno de una organización. No obstante, aunque es habitual que estos sean empleados anteriores o actuales, realmente no se trata de un requisito imprescindible. Tampoco se necesita que sea testigo directo del fraude.
El problema principal al que se enfrentan estas personas es que, tras su denuncia, pueden tener consecuencias como: ambiente de trabajo hostil, oportunidades laborales limitadas o demandas por despido.
Protección de los whistleblowers
De acuerdo a la Directiva de la Unión Europea, hasta el 21 de diciembre de 2021 los Estados miembros de la UE tienen que cumplir con una normativa prevista al respecto de los whistleblowers.
En esta Directiva se crean normas referentes a la confidencialidad de la identidad de estos denunciantes; el tiempo de respuesta de quienes reciben las alertas; la comunicación, el seguimiento; el mantenimiento de los registros y la protección de datos.
De esta manera, se deben incluir los siguientes elementos para una protección eficaz de los whistleblowers:
- Los canales utilizados para la recepción de informes deben garantizar la confidencialidad de los denunciantes. Será posible la alerta escrita, oral o ambas.
- El whistleblower deberá recibir un acude de recibo en un plazo máximo de 7 días tras la recepción.
- Una persona se encargará de hacer un seguimiento del caso a través del contacto con el propio denunciante.
- Se hará un seguimiento diligente de la alerta anónima cuando así sea dispuestos por parte de la legislación nacional.
- La retroalimentación entre ambas partes se dará en un plazo inferior a los tres meses.