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Instagram es la red social más popular del momento, siendo utilizada por millones de personas en todo el mundo, especialmente por el público más joven. Uno de los grandes problemas con respecto a esta plataforma es la política de privacidad, a la cual muchos usuarios no prestan la atención que en realidad merece.

La política de privacidad explica las maneras en las que Instagram hace uso de los datos de los usuarios. Cada vez que una persona se registra en esta red social, está aceptando estas condiciones y términos de uso.

En este sentido es importante para cualquier usuario saber la información que recopila Instagram:

• Comportamientos del usuarios dentro de la red social.
• Información referente al uso de los diferentes dispositivos.
• Información que recogen sus socios a la hora de hacer uso de sus servicios.

Además, la finalidad del uso de los datos personales de los usuarios es:

• Para actualizar sus productos y ofrecer una mayor personalización a los usuarios.
• De cara a la realización de diferentes análisis y mediciones relativas al uso de la plataforma.
• Para tratar de mejorar la seguridad de la red social.
• Para poder comunicarse con el usuario.

No obstante, hay que tener en cuenta que la información recogida por Instagram se comparte con terceros. De hecho, Instagram comparte la información de sus usuarios con Facebook, que es la propietaria de esta red social, así como con otros socios externos, tales como anunciantes, vendedores, empresas de medición, etcétera.

Instagram ofrece la posibilidad de realizar una gran cantidad de ajustes en su configuración, por lo que es recomendable que los usuarios recurran a ella para proteger su información y ajustar su privacidad.

En España hay dos leyes que se encargan de regular el tratamiento de usuarios en internet:

• Reglamento General para la Protección de Datos (RGPD) .
• Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

El código de comercio es la normativa legal que siguen las empresas y que sirve para regular sus actividades en el seguimiento de sus operaciones y relaciones mercantiles. De esta manera, se puede definir el término código de comercio como la legislación jurídica que regula la actividad de cualquier empresa.

No obstante, hay que tener en cuenta que sus características varían en función del país, ya que cada región cuenta con su propia regulación de dicho código. A pesar de ello, por norma general, todas ellas tienen una serie de aspectos en común: la definición de la empresa, la conducta y los estándares que deben seguir en cada una de las operaciones de cambio, de compra o de venta. De esta forma, los contratos mercantiles quedan regulados por el código de comercio.

Por este motivo, el código de comercio se encarga de regular las normas básicas de lo que se conoce como el derecho privado para la definición de una conducta que debe ser cumplida y también exigida por todas las partes en una misma norma jurídica.

Los códigos de comercio se comenzaron a elaborar a partir de la ilustración y tomando como base el precedente de la codificación del Derecho de Francia, que fue realizado durante el gobierno de Napoleón Bonaparte. Este entro en vigor en 1807.

En la actualidad el Derecho Mercantil se encuentra, en una gran cantidad de casos, regulado tanto por el código de comercio como por diferentes leyes especiales.

El código de comercio se aplica en diferentes ámbitos: empresas comerciales, empresas industriales, operaciones de cambio y alquiler de mercancias.

En España el Código de Comercio se aprobó por el Real Decreto de 22 de agosto de 1885, regulando el mismo de la legislación mercantil española. La primera versión consolidada, que se brinda como texto original tuvo lugar el 1 de noviembre de 1996, aunque el texto original fue publicado en octubre de 1885.

Lograr hacerse con un hueco en el mercado no es nada sencillo para las nuevas empresas o startups, quienes deben mantener la constancia al mismo tiempo que tratan de buscar fidelizar a sus clientes en busca del éxito.

Son cada vez más los emprendedores que deciden crear una firma legal, ya sea bajo la base de una fórmula con despacho tradicional o basada en el ámbito digital. Triunfar no es nada sencillo dada la alta competencia en el sector legal en España y la gran calidad de los servicios ofrecidos por muchos profesionales.

Las grandes firmas han ido creando organizaciones que captan clientes con mayor facilidad, creciendo en el ámbito internacional y estableciendo así relaciones con clientes del extranjero, los cuales confían en mayor medida en una marca reconocida y con más bagaje que en un despacho pequeño que está dando comienzo a su actividad.

Por este motivo, una de las primeras claves para lanzar con éxito una startup es obtener la confianza de los clientes, tratando de hacerles ver que el negocio puede prestarle servicios de calidad y que esto no está solo reservado para las firmas más grandes. Es clave, por tanto, ganarse la confianza y conseguir la oportunidad de demostrar el nivel de su actividad.

Por otro lado, resulta fundamental la perseverancia y la resilencia, es decir, no dejarse caer por las dificultades que se puedan presentar, tratando siempre de sobreponerse a las mismas. Para ello es necesaria una actitud basada en el aprendizaje, en el que haya suficiente esfuerzo, flexibilidad y resistencia frente a las dificultades.

Además es fundamental analizar posibles aliados, de forma que se puedan cubrir los servicios ofrecidos con la máxima calidad posible y así tratar de lograr hacerse con un hueco en un sector de alta competencia en el que existen una gran cantidad de posibilidades.

Para muchos la base se basa en la especialización, además de en el método empleado, la filosofía y en tener muy claros los objetivos a alcanzar.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal es aquella encargada de regular las diferentes actuaciones judiciales en material penal que se realizan en España.

En ella se encuentran reguladas todas y cada una de las actuaciones de cualquier proceso penal, desde las competencias de los jueces y los tribunales en materia penal hasta recursos frente a autoridades administrativas, pasando por los emplazamientos, los procedimientos de citaciones, los derechos de la justicia gratuita, los derechos de defensa, traducción e interpretación, el desarrollo de la vista oral, los suplicatorios, los mandamientos, las sentencias, los recursos, y un largo etcétera de procesos.

Esta ley fue promulgada en virtud del Real Decreto de 22 de junio de 1882, recibiendo en el año 2015 su última reforma, la cual no estuvo exenta de polémica por algunos de sus principales cambios.

Entre estos cambios figuraban, entre otros, los siguientes:

• Desaparece la figura de «imputado» para pasar a denominarse «investigado».
• Cambios en las restricciones para la difusión de vídeos e imágenes de detenidos en los medios de comunicación.
• Las escuchas policiales necesitan, dentro de una investigación, de autorización judicial.
• En una investigación encubierta, el juez competente puede autorizar que se obtengan imágenes y grabación de las conversaciones con el investigado, aunque esta tengan que ver en el interior de un domicilio.
• La Policía puede hacer uso de troyano o malware para controlar la actividad informático de una persona sospechosa.

Estructura de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal se encuentra distribuida en 7 libros diferentes, cada uno de ellos con diferente número de títulos, que a su vez se dividen en capítulos y artículos. Además, se le deben sumar las Disposiciones adicionales y las Disposiciones finales.

De esta manera, la LECrim se encuentra estructurada de la siguiente manera:

• Libro I. Disposiciones generales. (13 títulos)
• Libro II. Del sumario (12 títulos)
• Libro III. Disposiciones generales (13 títulos).
• Libro IV. De los procedimientos especiales (7 títulos)
• Libro V. De los recursos de casación y revisión (2 títulos)
• Libro VI. Del procedimiento para el juicio sobre faltas (2 títulos)
• Libro VII. Trata la ejecución de sentencias (no está subdividida en títulos).