Categoría: Noticias

La Ley de Propiedad Intelectual, también conocida como la Ley Antipiratería, se renovó en 2019 para adoptar nuevas medidas con las que proteger a los autores originales de los contenidos, adoptando nuevas medidas como el nuevo sistema para el cierre de páginas web que son acusadas de cometer infracciones de forma continuada.

Este reforma de la ley de Propiedad Intelectual aprobada en 1996 tuvo lugar para adaptarse a la directiva 2017/1564 del Parlamento Europeo.

En la actualidad hay, por tanto, una nueva forma diferente a la utilizada antaño para la gestión de las solicitudes de cierre de páginas web por infracciones del derecho de propiedad intelectual. De esta manera, desde este año 2019 aquellas páginas web piratas que hayan reincidido en sus infracciones han pasado a gestionarse a través de un órgano administrativo, la conocida como «Comisión Sinde».

Esta comisión puede requerir a los operadores de internet el bloqueo de la página web sin tener que recurrir a un juez, como ocurría hasta el momento en el que entró en funcionamiento esta nueva regulación.

Hay que tener en cuenta que las páginas web que infrinjan en al menos dos ocasiones la normativa existente en materia de piratería y vulneración de los derechos de propiedad intelectual se enfrentarán a una infracción administrativa calificada como «muy grave», la cual puede acarrear una multa de entre 150.001 euros hasta 600.000 euros.

En este sentido, esta ley fue creada para tratar de hacer frente a las miles de páginas web en la que los usuarios publicaban todo tipo de contenidos que vulneran la propiedad intelectual de los creadores originales de los mismos, ya sea en lo referente a a descarga de películas, libros, fotografías, programas informáticos, etcétera.

No obstante, esta reforma de la ley llegó cargada de polémica, ya que la Asociación de Internautas vertió duras críticas hacia ella, asegurando que lo que se buscaba con la misma es el control de internet y dejar a los usuarios sin poder disfrutar de una red neutral y libre.

Cuando una persona sufre un accidente de tráfico tiene la posibilidad de reclamar una indemnización por ello, debiendo recurrir a la vía civil para reclamar la misma por daños personales (secuelas, días de hospitalización…) así como los los gastos derivados del accidente (rehabilitación, medicación, daños del vehículo, transporte…).

Para pedir la correspondiente indemnización se debe, en primer lugar reclamar a la compañía aseguradora del vehículo causante del accidente, haciéndole entrega a la misma de los informes médicos correspondientes, siendo importante tener siempre documentos que acrediten cada visita realizada a un centro médico u hospital, así como copia de todas las pruebas e informes realizados.

A continuación se solicitará por parte de la aseguradora que la persona reclamante sea visitada por sus servicios médicos, siendo obligatorio para el solicitante de la indemnización el permitirles el acceso.

Pasado un tiempo, que puede prolongarse hasta tres meses, la aseguradora hará una oferta que deberá estar debidamente detallada, además del informe de sus servicios médicos.

Llegados a este punto, en el caso de no estar de acuerdo con la indemnización, se puede dar comienzo a diferentes alternativas, como son las siguientes:

• Llevar a cabo un proceso de mediación para tratar de alcanzar un acuerdo.
• Recurrir al Instituto de Medicina Legal, donde se procederá a una valoración imparcial sobre las lesiones, proporcionando un informe tanto a la persona afectada como a la compañía de seguros.
• Renegociar con la aseguradora tratando de obtener una indemnización superior en el caso de que el informe médico llevado a cabo por el Instituto de Medicina Legal dé una mayor importancia a las lesiones.
• En el caso de que la negociación no fructifique, se podría iniciar la vía judicial.
• Si no se está conforme con el informe del Instituto de Medicina Legal se puede acudir a un perito privado para poder reclamar por la vía judicial.

En cualquier caso, tras un accidente de tráfico, lo mejor es ponerse en manos de abogados especialistas en accidentes de tráfico e indemnizaciones, quienes le podrán brindar el mejor asesoramiento.

Una pregunta frecuente que tienen muchas personas es si los jubilados están obligados a hacer o no la declaración de la Renta. En este sentido hay que considerar que la pensión de jubilación se considera un rendimiento del trabajo, por lo que no está exenta de impuestos. Por este motivo, si se superan los límites anuales, será obligatorio hacer la declaración de la Renta.

Muchas personas creen que no es necesario hacer la declaración de la renta si se es una persona jubilada, estando esta creencia infundada en que muchas personas consideran que no perciben ingresos por el trabajo. Sin embargo, al recibir rentas que se encuentran sujetas a IRPF, tienen obligación de presentar la declaración de la renta al igual que el resto de trabajadores, si bien existen algunas excepciones de las que vamos a hablar a continuación.

En primer lugar, de forma general, la Ley de IRPF establece en 22.000 euros el mínimo exento para la declaración de las rentas del trabajo que provienen de un pagador, así como de las prestaciones pasivas como las pensiones percibidos por regímenes públicos de la Seguridad Social y también por otras prestaciones que puedan venir derivadas de situaciones de accidente, enfermedad, jubilación, incapacidad, viudedad… Esto hace que la pensión de jubilación esté incluida entre las prestaciones que obligan a la realización de la declaración de la renta.

Sin embargo, como ya hemos mencionado, hay algunas rentas que están exentas, como son la pensión de ofandad, las pensiones por incapacidad permanente o las anualidades por alimentos percibidas por los padres mediante una decisión judicial.

Hay que tener en cuenta que al hablar de ingresos, no solo se hace referencia al propio salario, si no también al dinero de inversiones y rendimientos del capital mobiliario y las ganancias patrimoniales.

Así pues, hay que tener en cuenta que, por norma general, los jubilados sí están obligados a hacer la declaración de la renta salvo que pueda acogerse a alguna de las excepciones marcadas por la Ley.

El derecho normativo no es en todos los países igual, ya que en el caso de España nos encontramos ante un marco que se encuentra constantemente sufriendo cambios al mismo tiempo que puede ser confuso en determinados aspectos.

Te dejamos algunos ejemplos del derecho normativo

Esto provoca que esta producción normativa que tiene lugar en nuestro país pueda crear una cierta incertidumbre en la sociedad, además de afectar de manera negativa al emprendimiento y también hace que los costes de las empresas se incrementen.

Uno de los grandes problemas es que muchas de las leyes carecen de estabilidad, transparencia y claridad, algo que no ocurre en otros países, donde se aplican diferentes normas y leyes que están pensadas para mantener un orden en la sociedad al mismo tiempo que favorecen el crecimiento de la sociedad en todos los ámbitos.

A pesar de que cada país tiene sus propias particularidades y características en lo que se refiere a su marco legal y, por supuesto, en otro tipo de ámbitos, en muchos de ellos se tienen más en cuenta las opiniones y solicitudes por parte de emprendedores y empresas, así como de la sociedad en general.

De esta manera se crean leyes que de verdad mejoran las existentes, con unos mecanismos que se adoptan para mejorar la producción y también para el seguimiento de la normativa vigente, y se cumplen con ellas, no como en el territorio nacional español, dónde hay claras lagunas y desavenencias en este sentido, ya que algunas instituciones realmente se encuentran vacías de contenido o tienen unas funciones que pueden considerarse que están adulteradas.

Una de las principales diferencias que tenía España con respecto a otros países de la Unión Europea hasta 2015 era que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) en España no eran obligatoriamente públicas, aunque desde entonces sí lo son y se pueden consultar por parte de cualquier ciudadano que así lo desee. Pese a ello sigue habiendo muchas diferencias en derecho normativo entre España y otros países de la UE.