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Los derechos forales son un tipo de derechos propios o locales que se encuentran en algunas comunidades autónomas de España, las cuales tienen sus orígenes en las «Cartas de Población» o «Cartas Pueblas» que se proporcionaban a los reyes y los señores de la Península al fundar las poblaciones. Estas eran una especie de pacto entre estos y la población para la ordenación y regulación del territorio.

En la actualidad, la Contitución Española menciona los derechos forales de forma exclusiva para referirse a derechos especiales dentro del ámbito civil. Para el conjunto de derechos que son propios de los territorios forales, se refiere a régimen foral.

En la actualidad, en España coexiste el derecho común con los derechos forales (o especiales) de Navarra, Baleares, Aragon, Cataluña o Galicia. Los derechos forales son aquellos que representan singularidad dentro del ordenamiento jurídico español, siendo estos conservados en estas comunidades autónomas.

Además, sigue vigente el Fuero de Baylío, que se aplica en algunos pueblos extremeños que son limítrofes con Portugal, además de en Ceuta. La Comunidad Valencia, por su parte, tuvo derechos forales en el pasado, pero en la actualidad no cuenta con este tipo de regulación.

En la Constitución Española de 1978, que en su artículo 149.1 8ª, determina que las Comunidades Autónomas pueden regular la materia civil se pueden impulsar los derechos forales, lo que acabó provocando que se redactaran Códigos recogidos por los derechos particulares de las mencionadas regiones.

Consideraciones sobre los derechos forales

En lo que respecta a los caracteres de los derechos forales, son los siguientes:

• Hasta el reconocimiento constitucional de los derechos forales, eran considerados como un derecho particular.
• También eran considerados como un derecho excepcional. Solo le eran aplicadas las normas de interpretación restrictiva de los fueros.
• Cuentan con un carácter de privilegio. No obstante, coexisten de forma normal con el resto de normas del ordenamiento jurídico en España.

Con motivo de la crisis sanitaria por coronavirus COVID-19 son muchas las preguntas que aparecen con respecto a los contratos de alquiler, en gran parte porque muchos de ellos vencen y otros deberían empezar. Este problema se suma al de quienes querrían salir de un piso para mudarse a otro, ya que existen limitaciones de movilidad, pero también quienes tienen dificultades para pagar el alquiler.

¿Está obligado el propietario a rebajar el alquiler?

En este escenario en el que nos encontramos hay quienes se preguntan si, dadas las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, si el arrendatario está obligado a aceptar una rebaja temporal del alquiler.

En este sentido, con la entrada del Real Decreto-Ley 11/2020 del 31 de marzo, se establecen medidas para los inquilinos vulnerables. En el paquete de medidas se se han aprobado las siguientes:

• Suspensión de lanzamiento durante 6 meses en hogares vulnerables, que no tengan otra alternativa.
• Seis meses de prórroga para la renovación de los contratos de alquiler que venzan desde que entró la norma y en los dos meses siguientes a la finalización del estado de alarma. En esta prórroga se mantendrán los términos y condiciones del contrato vigente.
• Moratoria automática en el pago de la renta para aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Además, el arrendador debe tener más de 10 inmuebles, es decir, se considerado un gran tenedor de vivienda.
• Nueva línea de avales con garantía del Estado para cubrir el pago de hasta 6 meses de alquiler. Para ello, el arrendatario debe encontrarse en una situación de vulnerabilidad a causa del coronavirus.

Por personas en situación de vulnerabilidad a consecuencia de COVID-19 se consideran a aquellas que en el mes anterior a la solicitud de la moratoria se estén en:

• Situación de Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), desempleo o que haya visto como su jornada laboral se reduce por motivos de cuidados.
• Empresarios o similares que tengan una pérdida sustancial de ingresos, lo que haya que no alcance el conjunto delos ingresos de los integrantes de la unidad familiar.