juicio verbal u ordinario

El Juicio Verbal y el Juicio Ordinario

Ante la existencia de un conflicto judicial en los que la ley no indique se debe seguir una tramitación en específico, se aplican una serie de normas para conocer el tipo de proceso declarativo que se debe llevar a cabo para un asunto en concreto, es decir, si se debe seguir un juicio verbal o un juicio ordinario.

Para saber qué tipo de juicio que se debe realizar, hay que tener en cuenta dos criterios que se deben analizar, por un lado la materia y por otra la cuantía. En el caso de que para un procedimiento en concreto esté determinada una norma que en todo caso se debe llevar a cabo a través de un tipo de procedimiento por su materia y sin importar la cuantía, se regirán este tipo de casos por este motivo. De esta manera, el procedimiento solo se seguirá por razón de cuantía en los casos en los que no haya una norma en concreto que tenga en indique que se debe tener en cuenta la materia.

A continuación te indicamos lo que se tiene en cuenta para determinar un juicio verbal u ordinario.

Juicio ordinario

De acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se deciden por juicio ordinario, independientemente de la cuantía los temas relacionados con:

  • Demandas sobre los derechos honoríficos de una persona.
  • Demandas en materia de competencia desleal, propiedad intelectual, propiedad industrial…, salvo que que se trata de una acción de cesación en defensa de intereses colectivos de consumidores y usuarios, caso en el que será verbal.
  • Demandas sobre la impugnación de acuerdos sociales que se adoptan en asambleas generales, juntas, etcétera.
  • Demandas que tengan relación con el derecho al honor, la propia imagen o la intimidad.
  • Demandas relativas a condiciones generales de contratación.
  • Demandas que ejerciten acciones relativos a arrendamientos de bienes inmuebles, salvo que se trate de cantidades que el arrendatario deba o de casos de desahucio por falta de pago, entre otros.
  • En los casos en los que se ejerciten acciones relativos a la Ley de Propiedad Horizontal que vayan más allá de las reclamaciones de cantidad.

Juicio verbal

Sin importar la cuantía también hay demandas que se deben tramitar por juicio verbal y que son las siguientes:

  • Aquellas que tengan que ver con la reclamación de cantidades de impago de rentas y cantidades debidas.
  • Aquellos casos en los que se pretende recuperar una posesión plena de una finca cedida en precario, por el dueño, usufructuario u otra persona con derechos de posesión sobre la finca.
  • Las que busquen que el tribunal resuelva la suspensión de una obra nueva con carácter de sumario.
  • Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia de una cosa o derecho por quién haya despojado de las mismas.
  • Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos perjudiciales o inexactos.
  • Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de intereses colectivos y difusos de los usuarios y consumidores.
  • Etc.

Razón de cuantía

En cuanto a la razón de cuantía, por norma general, se siguen el siguiente criterio:

  • Juicio verbal: Aquellos casos en los que la demanda no excede los 6.000 euros.
  • Juicio ordinario: Cuando las demandas tengan una cuantía que exceda de los 6.000 euros, así como aquellas en las que el interés económico no se pueda calcular.
Ley Okupas 2020

Ley de Okupas – Cambios 2020 en la ley en España

La ley de desahucio exprés, que actualmente está en vigor, permite agilizar el proceso por el que los propietarios de una vivienda en España pueden recuperar la misma en el caso de que haya okupas que se metan en ellas.

Para ello, el propietario que se encuentra en esta situación debe presentar una demanda civil de desahucio para que, en el plazo de aproximadamente un mes pueda recuperar su vivienda.

Esta normativa ha sido creada para proteger tanto a los propietarios de las viviendas como a las Administraciones públicas con vivienda social, que de esta manera tienen el respaldo legal necesario para poder reclamar los inmuebles con okupas para que sean utilizadas para su verdadera finalidad, que es la de poder dar un techo a aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión social. No obstante, no incluye a las entidades bancarias, que cuentan con muchas viviendas que están vacías.

La ley de deshaucio exprés que se aprobó hace más de de un año ha permitido agilizar el proceso para la recuperación de viviendas tras una ocupación, al menos en la teoría. No obstante, en la práctica el desalojo no se está aplicando con tanta rapidez como debería, tal y como denuncian muchas inmobiliarias y abogados.

En la actualidad se calcula que en España hay cerca de 87.000 viviendas ocupadas de forma ilegal. Además, en muchas ocasiones los propietarios de estas viviendas con okupas no denuncian la ocupación por motivos diversos, principalmente por el miedo a represalias o por las coacciones que reciben por parte de las personas que están ocupando de manera ilegal sus viviendas.

Los últimos datos de la Secretaría de Estado de Seguridad con respecto a la ocupación de viviendas corresponde a 2017, cuando se registró la cifra más alta de los últimos cinco años, con un total de 10.619 ocupaciones ilegales que fueron investigadas o denunciadas.

Los okupas se podrán empadronar para cobrar la renta mínima

Aquellas personas que hayan sido responsables de la ocupación de la vivienda de otra, podrán empadronarse en la localidad en la que se encuentren residiendo. Esto hará que puedan acceder a las ventajas que vienen derivadas de esta acción, como es la de poder recibir las ayudas por el coronavirus, entre las cuales se encuentra la renta mínima.

La nueva norma ha abierto de par en par la puerta a que los okupas se puedan empadronar. De acuerdo a las instrucciones técnicas dadas a los Ayuntamientos para la gestión del Padrón municipal, en este deben estar reflejados los domicilios de cada uno de los vecinos de cada municipio.

Además, considera que su inscripción es totalmente independiente a los temas jurídico-privados relativos a la titularidad de la vivienda. Tampoco influyen las diferentes circunstancias higiénico-sanitarias, físicas o de otro tipo que afecten al domicilio.

Por otro lado, en la misma norma se debe aceptar como domicilio cualquier dirección en la que resida algún vecino, pero también es posible utilizar un domicilio ficticio. Esto último ocurre en aquellos casos en los que se trate de una persona sin techo. No obstante, los Servicios Sociales deben estar al tanto de su situación y residir en el municipio, aunque no lo haga en una vivienda. 

Las infraviviendas también será domicilios válidos

De acuerdo a la misma norma, además de los okupas, también deberán aparecer en el padrón aquellas personas que residan en infraviviendas. Estas son consideradas aquellas que consisten en chabolas, cuevas, caravanas o aquellos lugares en los que se carece por completo de techo.

En los casos más extremos, puede llegar a existir la duda sobre la constancia de una persona en el Padrón municipal o su procedencia. En estos casos, el criterio estará determinado por la opción o no de poder enviar una comunicación al domicilio de la persona empadronada, de acuerdo a la dirección que figura en la inscripción. Si se cree que esa comunicación va a poder ser recibida por esa persona, en ese caso tendrá que ser empadronado en esa dirección.

IMV de 500 euros

Esta situación provoca que muchas personas que forman parte de comunidades de okupassin techo, puedan acceder a las ayudas del Estado, como es el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que en la actualidad se sitúa en una cuantía de 500 euros.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que para poder acceder a ella es necesario cumplir con unos determinados requisitos. Estos deben ser confirmados mediante el correspondiente peritaje. No obstante, el modelo de parámetros requeridos más extendido es el que se aplica en el Principado de Asturias.

En este se establece que, para poder cobrar el Ingreso Mínimo Vital es necesario ser mayor de 25 años y, además, llevar al menos dos años de residencia en la Comunidad Autónoma. Asimismo, deben estar debidamente empadronados y haber solicitado con anterioridad otras pensiones, ayudas y prestaciones, que puedan demostrar que se está activo en la búsqueda de empleo.

Ley Propiedad Horizontal

Ley de Propiedad Horizontal (Comunidad de propietarios)

La Ley de Propiedad Horizontal es la que se encarga de regular todo lo relativo a las comunidades de propietarios. En ella se establece la normativa que va desde el nombramiento de los diferentes cargos de la Comunidad a la convocatoria y la celebración de las Juntas, así como las mayorías que se requieren para poder alcanzar acuerdos o la forma en la que cada uno de los propietarios aporta a los gastos comunes del propietario.

La Ley de Propiedad Horizontal está reflejada en el artículo 396 del Código Civil y se encarga de permitir la organización de los copropietarios y el mantenimiento de los bienes comunes. Se ejerce sobre viviendas, locales comerciales, oficinas, estacionamientos, recintos industriales, etcétera, en los que se pueda dividir un condominio.

El derecho de propiedad horizontal incluye un porcentaje de propiedad sobre los diferentes elementos comunes que poseen todos los propietarios de pisos en un mismo edificios, unos elementos que son considerados necesarios para el disfrute del piso, siendo la cuenta inseparable de la propiedad del piso, es decir, que es de obligado cumplimiento.

En la Ley de Propiedad Horizontal se establecen una serie de elementos que se consideran comunes así como otros aspectos de gran importancia de cara a la aplicación de la misma.

Esta normativa está formada por un preámbulo, 24 artículos y dos disposiciones, una adicional (Fondo de reserva) y disposiciones transitorias (Adaptación de los estatutos). Los artículos son los siguientes:

  1. Objeto de la ley
  2. Ámbito de aplicación
  3. Co-propiedad y cuota de participación
  4. Acción de división
  5. Título Constitutivo y Estatutos
  6. Normas de Régimen Interior
  7. Modificación de elementos comunes y uso de la propiedad
  8. Agregación y segregación (derogado)
  9. Obligaciones de los propietarios
  10. Sostenimiento y conservación del inmueble
  11. Nuevas instalaciones, servicios o mejoras (derogado)
  12. Nuevas plantas y otras modificaciones (derogado)
  13. Órganos de gobierno
  14. Facultades de la Junta de Propietarios
  15. Asistencia a Junta de propietarios
  16. Convocatorias y celebración de Juntas
  17. Acuerdos de la Junta de propietarios
  18. Impugnación de acuerdos
  19. Actas y libro de actas
  20. Administrador de fincas
  21. Procedimiento monitorio
  22. Deudas frente a terceros
  23. Extinción de la propiedad horizontal
  24. Complejos inmobiliarios privados
cambios youtube 2020

Cambios en YouTube en 2020: multas, contenido infantil y menores ingresos

YouTube implementará nuevos cambios en 2020 para obligar a los creadores de contenidos a que diferencien los contenidos destinados al público adulto de aquellos que están pensados para un uso infantil. Estos cambios en la conocida plataforma de vídeos hará que los ingresos publicitarios se verán reducidos.

De hecho, se estima que los cambios de YouTube provocarán una reducción de entre un 60 y 90% en los ingresos de los youtubers. De no cumplir con la nueva normativa que pondrá en marcha la plataforma, los creadores podrán ser multados con cantidades que, en Estados Unidos, serán de 42.000 dólares. En cualquier caso, independientemente del lugar de residencia de los creadores de contenidos, todos ellos tendrán que adaptarse a la nueva normativa de la plataforma.

A partir de ahora, cualquier creador de contenido de YouTube tendrá que marcar la casilla «dirigido a niños» siempre que el vídeo a subir cuente con las condiciones que ha establecido para ello la plataforma. Más allá de ser tan solo una nueva categorización de vídeos, supone penalización publicitarias, ya que, al catalogar un contenido de esta forma, los creadores perderán la posibilidad de obtener ingresos de los anunciantes que ofrecen retribuciones más beneficiosas para ellas.

Esto es debido a que YouTube fija una tarifa publicitaria que depende del público objetivo al que vayan dirigidos los contenidos, a los que se les asigna uno paquetes de anunciantes u otros. De esta manera tanto los usuarios y creadores como las marcas se ven beneficiadas, o al menos así lo era hasta ahora.

Este nuevo marco normativo plantea bastante dudas al respecto, pudiendo incluso llegar a afectar a canales y vídeos que no tengan por público objetivo a niños.

Más allá de las condiciones generales establecidas por la plataforma para los vídeos infantiles, que pueden consultarse en este vídeo, hay que tener en cuenta que la categorización de los vídeos para niños hará que se limite la publicidad que impacta a los niños. De esta forma afectará a los paquetes de anuncios personalizados.

jubilacion 2020

Cambios en la jubilación en 2020

La última gran reforma de las pensiones que tuvo lugar en el año 2011 incrementó la edad legal de la jubilación de 65 a 67 años, además de aumentar el número de años cotizados que se tienen en cuenta para el cálculo de la cuantía de la pensión, pasando de los últimos 15 años a los últimos 25 años.

Dado que se trató de un cambio muy importante, se decidió que se iría aplicando de forma progresiva. Por este motivo, al inicio de cada año se modifican las condiciones para acceder a las prestaciones correspondientes a la jubilación.

De esta manera, a partir del 1 de enero la edad de jubilación para los trabajadores que hayan cotizado menos de 37 años es de 65 años y 10 meses. Hasta el 31 de diciembre de 2019 ha sido de 65 años y ocho meses para quienes hubieran cotizado menos de 36 años y nueve meses.

No obstante, quienes puedan acreditar que tienen 37 años o más de cotización durante 2020, podrán jubilarse sin ningún tipo de penalización a los 65 años.

Por otro lado, en 2020 se incrementa el número de año cotizados para calcular la pensión de jubilación. De esta manera, el cómputo tendrá en cuenta los últimos 23 años de la vida laboral, uno más que en 2019, cuando se tenían en cuenta los últimos 22 años.

Al tener en cuenta que la cotización tiene una tendencia alcista con el paso del tiempo, esto hará que a medida que se van teniendo en cuenta más ejercicios, entrarán en ella cotizaciones más bajas, lo que también afectará a la hora de recibir una pensión de jubilación menor.

En lo que respecta a la jubilación anticipada, a ella se podrán acoger los trabajadores que tengan 63 años y 10 meses cumplidos, dos años antes de la edad legal, e irá incrementándose de forma progresiva hasta que en 2027 la jubilación anticipada sea de 65 años.

Estos son los principales cambios con respecto a la jubilación para el año 2020 en España.