¿En qué consiste la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

La Ley de Enjuiciamiento Criminal es aquella encargada de regular las diferentes actuaciones judiciales en material penal que se realizan en España.

En ella se encuentran reguladas todas y cada una de las actuaciones de cualquier proceso penal, desde las competencias de los jueces y los tribunales en materia penal hasta recursos frente a autoridades administrativas, pasando por los emplazamientos, los procedimientos de citaciones, los derechos de la justicia gratuita, los derechos de defensa, traducción e interpretación, el desarrollo de la vista oral, los suplicatorios, los mandamientos, las sentencias, los recursos, y un largo etcétera de procesos.

Esta ley fue promulgada en virtud del Real Decreto de 22 de junio de 1882, recibiendo en el año 2015 su última reforma, la cual no estuvo exenta de polémica por algunos de sus principales cambios.

Entre estos cambios figuraban, entre otros, los siguientes:

  • Desaparece la figura de «imputado» para pasar a denominarse «investigado».
  • Cambios en las restricciones para la difusión de vídeos e imágenes de detenidos en los medios de comunicación.
  • Las escuchas policiales necesitan, dentro de una investigación, de autorización judicial.
  • En una investigación encubierta, el juez competente puede autorizar que se obtengan imágenes y grabación de las conversaciones con el investigado, aunque esta tengan que ver en el interior de un domicilio.
  • La Policía puede hacer uso de troyano o malware para controlar la actividad informático de una persona sospechosa.

Estructura de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal se encuentra distribuida en 7 libros diferentes, cada uno de ellos con diferente número de títulos, que a su vez se dividen en capítulos y artículos. Además, se le deben sumar las Disposiciones adicionales y las Disposiciones finales.

De esta manera, la LECrim se encuentra estructurada de la siguiente manera:

  • Libro I. Disposiciones generales. (13 títulos)
  • Libro II. Del sumario (12 títulos)
  • Libro III. Disposiciones generales (13 títulos).
  • Libro IV. De los procedimientos especiales (7 títulos)
  • Libro V. De los recursos de casación y revisión (2 títulos)
  • Libro VI. Del procedimiento para el juicio sobre faltas (2 títulos)
  • Libro VII. Trata la ejecución de sentencias (no está subdividida en títulos).
antipirateria

Situación de la ley antipiratería en internet este año 2019

La Ley de Propiedad Intelectual, también conocida como la Ley Antipiratería, se renovó en 2019 para adoptar nuevas medidas con las que proteger a los autores originales de los contenidos, adoptando nuevas medidas como el nuevo sistema para el cierre de páginas web que son acusadas de cometer infracciones de forma continuada.

Este reforma de la ley de Propiedad Intelectual aprobada en 1996 tuvo lugar para adaptarse a la directiva 2017/1564 del Parlamento Europeo.

En la actualidad hay, por tanto, una nueva forma diferente a la utilizada antaño para la gestión de las solicitudes de cierre de páginas web por infracciones del derecho de propiedad intelectual. De esta manera, desde este año 2019 aquellas páginas web piratas que hayan reincidido en sus infracciones han pasado a gestionarse a través de un órgano administrativo, la conocida como «Comisión Sinde».

Esta comisión puede requerir a los operadores de internet el bloqueo de la página web sin tener que recurrir a un juez, como ocurría hasta el momento en el que entró en funcionamiento esta nueva regulación.

Hay que tener en cuenta que las páginas web que infrinjan en al menos dos ocasiones la normativa existente en materia de piratería y vulneración de los derechos de propiedad intelectual se enfrentarán a una infracción administrativa calificada como «muy grave», la cual puede acarrear una multa de entre 150.001 euros hasta 600.000 euros.

En este sentido, esta ley fue creada para tratar de hacer frente a las miles de páginas web en la que los usuarios publicaban todo tipo de contenidos que vulneran la propiedad intelectual de los creadores originales de los mismos, ya sea en lo referente a a descarga de películas, libros, fotografías, programas informáticos, etcétera.

No obstante, esta reforma de la ley llegó cargada de polémica, ya que la Asociación de Internautas vertió duras críticas hacia ella, asegurando que lo que se buscaba con la misma es el control de internet y dejar a los usuarios sin poder disfrutar de una red neutral y libre.

Las normas más esenciales del Enjuiciamiento criminal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) es aquella que se encarga de la regulación de todas las actuaciones judiciales penales que tienen lugar en España, estando reflejados en ello todos los procesos relacionados con este tipo de actuaciones, tales como las competencias de los tribunales y jueces, los recursos frente a las administraciones, los derechos de la justicia gratuita y de defensa, las notificaciones, los procedimientos de citaciones, los emplazamientos, las sentencias, los recursos, y muchos otros aspectos.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal actual se encuentra distribuida en un total de 7 libros, que son: disposiciones generales, del sumario, disposiciones generales, procedimientos especiales, recursos de casación y de revisión, procedimiento para el juicio de faltas, y la ejecución de sentencias. Cada uno de estos libres cuenta con diferentes títulos y, además se encuentran tanto las disposiciones adicionales como las disposiciones finales.

Aspectos importantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Juicio

Desde la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hay diferentes normas que son esenciales, siendo algunas de ellas las siguientes:

  • Límites para la instrucción judicial. Se establece un periodo de 6 meses en el caso de las causas sencillas y de 18 meses para las complejas, con posibilidad de prórroga hasta 36 meses. Esta ampliación puede llegar a ser solicitada por el fiscal y otras partes pero no así por el juez de instrucción.
  • No existe el término imputado. Desde la reforma de la ley desaparece el término imputado para pasar a denominarse investigado y encausado, siendo el primero utilizado en la primera fase de la instrucción y el segundo término cuando haya indicios suficientes como para poder determinar que presuntamente ha cometido el delito.
  • Pena de telediario. Se regula la protección del honor, la imagen y la intimidad de los detenidos tanto a la hora de arrestarlos como en sus traslados.
  • Escuchas e intervención de WhatsApp y e-mails. La ley regula el registro y la intervención de las comunicaciones realizadas por teléfono, SMS, correo electrónico y WhatsApp, siempre que haya una autorización judicial.
El derecho Civil

Las normas más esenciales del Estatuto de los trabajadores

El Estatuto de los trabajadores es la ley en la que se regulan todas aquellas cuestiones que están relacionadas con las relaciones laborales, estableciendo en el mismo tanto los derechos como las obligaciones que tienen los trabajadores y los empleadores. Esta normativa es fundamental para evitar los abusos.

Normas esenciales del Estatuto de los trabajadores

Podemos destacar numerosos aspectos importantes acerca del estatuto de los trabajadores, pudiendo destacar tanto los derechos como las obligaciones de estos.

Derechos de los trabajadores

  • Posibilidad de sindicarse de forma libre.
  • Poder elegir de forma libre su oficio o profesión.
  • A la negociación colectiva.
  • Ejercer el derecho de reunión.
  • Ejercer el derecho a huelga.
  • Adoptar medidas de conflicto colectivo.
  • Ocupación efectiva.
  • Promoción y formación profesional en el trabajo.
  • No discriminación.
  • Respeto a la dignidad e intimidad.
  • Percibir la remuneración que sea acordada.
  • Proteger su integridad física de acuerdo a la prevención de riesgos laborales.
  • Etc.

Obligaciones de los trabajadores

  • No realizar otras actividades que puedan tener concurrencia con las llevadas a cabo por la empresa.
  • Buscar la mejora de la productividad.
  • Cumplir con las obligaciones propias de cada puesto de trabajo.
  • Observar las medidas relacionadas con la prevención de riesgos laborales.
  • Cumplir con las instrucciones y órdenes del empresario.
  • Etc

Más allá de sus derechos y obligaciones, el Estatuto de los Trabajadores hace referencias a otros aspectos fundamentales relacionados con el ámbito laboral, como es la regulación de los contratos de trabajo, para los cuales se establecen unas disposiciones generales de contratación, así como salarios y garantías salariales, tiempo de trabajo, etcétera.

Hay que tener en cuenta que este estatuto se aplica a todos los trabajadores por cuenta ajena, sin importar el sector en el que desarrollen su actividad, no así sobre autónomos, funcionarios públicos, consejos y miembros de órganos de administración de sociedades mercantiles, etcétera.

Ley Ciberseguridad España

La ley de ciberseguridad en España

La ley de ciberseguridad en España fue creada para establecer diferentes normas relativas a la protección en internet, haciendo referencia en la misma a normativas de seguridad nacional, normativas de seguridad, normativas referidas a las telecomunicaciones, leyes sobre ciberdelincuencia, normativa de protección de datos y seguridad de redes y sistemas de información.

La ciberseguridad son todas las medidas destinadas a la protección de los usuarios y empresas cuando operan en Internet, debiendo adoptar para ello diferentes medidas como son el establecimiento de un cifrado de información y sistemas de doble autenticación.

Hay que tener en cuenta que los ataques informáticos que pueda sufrir una empresa tiene diferentes riesgos, pudiendo suponer para ellas grandes pérdidas a nivel de reputación y también en el aspecto económico, pudiendo afectarles en lo referente a espionaje industrial, pérdida de información y robo de propiedad intelectual.

A quienes afecta la normativa de ciberseguridad

La ley de ciberseguridad se aplica a todos aquellos que son considerados «operadores de servicios esenciales«, entendiendo como tales a aquellos que son servicios fundamentales para la economía y la sociedad, si dependen de otro sistema de redes o no y los efectos perjudiciales que podría tener sobre la prestación de esos servicios.

Esto hace que, de forma general, se consideren como «operadores de servicios esenciales» a las empresas de energía (gas, electricidad o petróleo), transporte (aéreo, marítimo, ferrocarril), banca, servicios digitales (tiendas online, almacenamiento en la nube…), sector sanitario, infraestructura digital, suministro y distribución de agua potable…

Obligaciones

Las citadas empresas tienen diferentes obligaciones por ley, como son la mejora de sus sistemas de seguridad frente a intrusiones y la obligación de comunicar a las autoridades que corresponda las violaciones de seguridad que puedan llegar a sufrir.

De esta manera, atendiendo a la mejora de sus sistemas de seguridad se deben llevar a cabo acciones de prevención, detección, restauración y análisis en materia de seguridad informática.

Además, estarán obligadas a comunicar al Centro Criptológico Nacional (CCN), cualquier incidente que pueda llegar a tener un impacto importante en la seguridad de la información y los servicios que están prestando.