¿Cómo ayuda el Código Civil a las personas?

El Derecho Civil es el encargado de regular socialmente la existencia de los individuos, considerando que todos los ciudadanos son parte de una organización compleja y amplia.

El Derecho Civil es el encargado de regir los vínculos privados de las personas, estando constituido por diferentes reglas de carácter jurídico que establecen las relaciones personales y patrimoniales. Su misión es la de proteger los intereses de los individuos tanto a nivel moral como patrimonial.

Esta rama del derecho se encuentra compuesta por diferentes normas que están establecidas en el código civil.

El Código Civil es un conjunto ordenado y sistematizado de normas de Derecho privado, que tiene por objetivo el regular las relaciones civiles entre todo tipo de personas físicas, privadas, jurídicas o públicas.

De esta manera, gracias a la existencia del mismo se consigue proteger los derechos de los ciudadanos, abarcando todas aquellos aspectos del ordenamiento jurídico privado que tienen hasta el más íntimo contacto con las personas, con su existencia cotidiana.

En España el Código Civil rige a los individuos desde antes del nacimiento hasta después de la muerte, abarcando para ello los diferentes derechos, siendo considerado por ello como la rama de referencia para el resto de ramas del derecho, ya que todas ellas, en una u otra medida, se encargan de tratar el establecimiento entre personas.

El Código Civil se encuentra constituido por 1976 artículos, los cuales están repartidos en Libros, divididos a su vez en Títulos y estos en Capítulos, en los cuales se encuentran las Secciones que albergan los artículos.

En cuanto a su estructura se conforma de un Título Preliminar que trata las normas jurídicas, su eficacia y su aplicación, seguido del Libro Primero, que trata «De las Personas«, el Libro Segundo, que se dedica a «Los bienes, la propiedad y sus modificaciones«, el Libro Tercero centrado en «Diferentes modos de adquirir la Propiedad» y el Libro Cuarto, centrado en «Obligaciones y contratos«.

Mutualidad - Régimen de Autónomos

La Mutualidad de la Abogacía como alternativa al Régimen de Autónomos

Una persona que sea abogada y que esté decidido a colegiarse para ejercer, debe tomar la decisión de elegir entre hacerlo siendo parte del Régimen de Autónomos (RETA) o bien hacerlo a través de la Mutualidad de la Abogacía, es decir, entre un sistema financiero de reparto o un sistema de capitalización individual.

Para ello hay que plantearse una serie de cuestiones que son clave y que te vamos a detallar a continuación.

Edad de jubilación

Tanto en el Régimen de Autónomos como en la Mutualidad de la Abogacía la edad de jubilación son los 67 años, aunque en el caso de la segunda se puede anticipar a los 65 años.

Gestión del dinero

En el RETA se realiza una Gestión Pública, mientras que en la Mutualidad de la Abogacía es Privada.

Pertenencia de las cuotas que abonas

En el Régimen de Autónomos pertenecen a la Seguridad Social, mientras que en la Mutualidad de la Abogacía pertenecen al propio usuario.

Aportación

En el RETA es el Gobierno quién determina la aportación que debes realizar, la cuantía de la misma y su revalorización. En el caso de la Mutualidad de la Abogacía la aportación es decidida por el abogado, pudiendo elegir cuanto desea aportar y periodicidad, siempre por encima de los mínimos estipulados por la ley.

Aportación mínima para nuevas altas

En el RETA es de 60 euros al mes, mientras que en la Mutualidad de la Abogacía parte de los 25 euros al mes.

Coberturas

En el caso del Régimen de Autónomos se añaden todas las coberturas, sin importar que las desee contratar o no las necesite. En el caso de la Mutualidad de la Abogacía se incluye cobertura de fallecimiento y las incapacidades permanente y temporal profesional.

Incrementar el plan de cuotas

En el RETA se puede incrementar hasta los 48 años, mientras que en la Mutualidad de la Abogacía , por encima de los mínimos, puede incrementarse de forma libre.

Pérdida de cuotas en e caso de fallecimiento o baja del sistema

En el RETA, . En el caso de la Mutualidad de la Abogacía, No.

Posibilidad de ejercer la abogacía tras la jubilación

Con el RETA se puede seguir ejerciendo pero con limitaciones, las cuales no existen en el caso de la Mutualidad de la Abogacía.

Cambiar de opción si es necesario

El Régimen de Autónomos no permite el cambio de opción y, una vez afiliado, deberás continuar siempre en el mismo. Por su parte, la Mutualidad de la Abogacía permite cambiar de afiliación al RETA si así lo deseas, sin perder el capital que se haya constituido en la Mutualidad.

De esta manera hay diferencias entre ambas opciones, siendo la Mutualidad de la Abogacía la opción más empleada por parte de la gran mayoría de personas porque tiene numerosas ventajas con respecto al RETA.

Ley reguladora de la Jurisdicción Social

Ley Reguladora de la Jurisdicción Social

La Jurisdicción Social es aquella que se encuentra destinada al conocimiento y aplicación del Derecho dentro del orden jurisdiccional social, teniendo en cuenta los sistemas de la Teoría del Derecho y centrándose en los ámbitos del Derecho Laboral y la Seguridad Social, buscando así que la labor de los tribunales y los jueces sea más sencilla.

En la Jurisdicción Social se incluyen diferentes órganos instituidas por el Estado para resolver los conflictos de trabajo al mismo tiempo que garantiza los derechos de los trabajadores, con unos principios que diferente del proceso civil.

En este sentido, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es la que marca la manera de actuar en este ámbito, ampliando sus competencias desde su última reforma, pasando a incluir el control a nivel jurisdiccional de los actos administrativos sobre materias que hasta el momento se atribuían al conocimiento del orden civil y contencioso-administrativo.

El orden social se constituye para las prestaciones de la seguridad social y la valoración, reconocimiento y la calificación del grado de discapacidad, haciendo que sea el único componente para los litigios acerca de la prevención de los riesgos laborales. De esta manera los funcionarios y el personal estatutario deberá llevar a cabo sus reclamaciones sobre las enfermedades profesionales o los accidentes de trabajo en este orden jurisdiccional.

Así pues, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es a la que se debe recurrir en todos aquellos casos que haya algún tipo de proceso relacionado con el ámbito laboral en materia de accidentes de trabajo, intermediación labora, expedientes de regulación de empleo, así como los derechos fundamentales y todo lo referente a las medidas tomadas para aprovechar todas las funcionalidades propias de la oficina judicial y los trámites a través las nueva tecnologías y sus diferentes procesos.

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se encuentra constituida por cuatro libros, más las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, estando cada uno de los libros dividido en diferentes títulos, los cuales a su vez se dividen en capítulos, secciones (y sub-secciones) y artículos.

Aranceles España 2019

Comentamos los aranceles al importar productos en España

Si importas productos a España o tienes la intención de hacerlo es importante que conozcas toda la información al respecto de los aranceles e impuestos a pagar en las aduanas.

Con independencia de que se opere a título de consumidor particular o bien formando parte de una entidad comercial, cualquier persona que realice la importación de bienes a España debe hacer frente a tres cargos distintos dentro de los costes aduaneros, y que son los siguientes:

  • Aranceles e Impuestos Especiales de la Unión Europea.
  • IVA por la importación.
  • Honorarios y otros gastos del agente de aduanas. También se grava por separado (21% IVA).

Hay que tener presente, en este sentido, que los aranceles y el IVA se aplican de manera consecutiva con respecto al valor de las mercancías que se hayan importado.

En lo que se refiere a los aranceles comerciales ha que tener en cuenta que se les aplica un porcentaje sobre el valor de la mercancía, existiendo un umbral mínimo de 150 euros a partir del cual se cobra el arancel. De esta manera, una importancia en la que el valor en la aduana sea inferior a esta cantidad, no habrá que pagar tasas arancelarias.

Otro punto a valorar es que, por norma general, los aranceles son bajos, ya que su media se sitúa en torno al 4%, aunque hay casos en los que se puede llegar a alcanzar cerca del 17%, como ocurre con el textil y los alimentos procesados.

No obstante, hay algunos productos por los que hay que hacer frente al pago de aranceles adicionales, como ocurre con las medidas antidumping que, según qué producto y el país pueden llegar a alcanzar un 48,5%, o la aplicación de impuestos especiales sobre el alcohol o el tabaco.

Para saber qué tarifa se debe pagar por aranceles para unos productos a importar en particular se debe consultar la base de datos TARIC de la Unión Europea (pulsa AQUI para acceder). En todo caso, ten en cuenta qu ehay acuerdos de libre comercio y acuerdos preferenciales con algunos países que pueden hacer que los aranceles se reduzcan e incluso sean inexistentes.

Ley contencioso administrativo

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa se encuentra compuesta por seis títulos, que se dividen, a su vez, en capítulos, secciones y artículos, además de Disposiciones Adicionales, Disposiciones Transitorias, Disposiciones Derogatorias y Disposiciones Finales.

La estructura de esta Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa es la siguiente:

  • Título I. Del Orden Jurisdiccional Contencioso – Administrativo. Se compone de los capítulos: Ámbito; Órganos y Competencias; Competencia Territorial de los Juzgados y Tribunales; Constitución y actuación de las Salas de lo Contencioso-Administrativo; Distribución de asuntos.
  • Título II. Las partes. Consta de los capítulos: Capacidad procesal; Legitimación; Representación y defensa de las partes.
  • Título III. Objeto del recurso contencioso-administrativo. Formado por los capítulos: Actividad administrativa impugnable; Pretensiones de las partes; Acumulación; Cuantía del recurso.
  • Título IV. Procedimiento contencioso – administrativo. Se compone de los capítulos: Procedimiento en Primera o única instancia (a su vez se divide en las secciones Diligencias preliminares, interposición del recursos y reclamación del expendiente, emplazamiento de los demandados y admisión del recurso, demanda y contestación, alegaciones previas, prueba, vista y conclusiones, sentencia y otros modos de terminación del procedimiento); procedimiento abreviado, recursos contra resoluciones procesales (se divide en las secciones: recursos contra providencias y autos, recurso ordinario de apelación, recurso de casación, recursos de casación para la unificación de doctrina, recursos de casación en interés de la ley, de la revisión de sentencias y recursos contra las resoluciones del Secretario Judicial); y ejecución de sentencias.
  • Título V. Procedimientos especiales. Se dividen en los capítulos: Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, procedimiento de autorización judicial de conformidad de una decisión dela Comisión europea en materia de transferencia internacional de datos, procedimiento para la garantía de la unidad de mercado y procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos.
  • Título VI. Disposiciones comunes a los Títulos IV y V. Se compone de los capítulos: Plazos, Medidas cautelares, Incidentes e invalidez de actos procesales y costas procesales.
  • Disposiciones adicionales, Disposiciones transitorias, Disposiciones derogatorias y Disposiciones finales.

De esta manera, tal y como se puede ver a través de los diferentes títulos, capítulos y artículos con los que está formado la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, esta se encarga de recoger todos los procesos y manera de actuar en torno a todos aquellos asuntos relativos a la aplicación del derecho contencioso-administrativo.

La Jurisdicción Contencioso-administrativa es la encargada de aplicar el Derecho administrativo, destinado a regular la actividad de la Administración pública en la versión del control de la legalidad y su sometimiento a los fines que así lo justifiquen, además de para atender aquellos recursos contra resoluciones de la administración que puedan ser consideradas injustas.