De donde proviene el derecho

¿De donde proviene el Derecho? Historia

El derecho tal y como lo conocemos hoy en día, ha tenido que sufrir una serie de cambios y evoluciones. El mismo, nace en las primeras sociedades o civilizaciones de la humanidad, las cuales aplicaban el derecho basado en sus creencias religiosas o en sus costumbres culturales. El imperio romano, es el pionero en cuanto a las civilizaciones que intentaron aplicar un sistema normativo. Lo hicieron con el fin de establecer un orden jerárquico y garantizar la convivencia entre los ciudadanos que conformaban dicha sociedad. Aunque, otras civilizaciones más antiguas como la mesopotámica o la egipcia, también contaban con un sistema normativo, el cual dio origen al derecho.

El sistema normativo que aplicaban las civilizaciones o imperios donde tuvo origen el derecho, no tenían un sistema de aplicación objetivo. Debido, a que eran los monarcas o personas con más poder quienes se encargaban de aplicar dicho sistema normativo. Es por ello, que el derecho y su aplicación tuvieron que ir evolucionando con el paso de los años. De este modo, el derecho actual busca una aplicación más justa, en donde la justicia castigue y se encargue de velar por el cumplimento del sistema normativo.

 

Importancia del derecho

El derecho representa al conjunto de leyes o normativas que se encargan de hacer que un estado se mantenga en equilibrio y convivencia. Aquellas civilizaciones que comenzaron a implementar dicho sistema normativo, pudieron hacer que sus sociedades se organizaran y pudieran convivir en paz. La aplicación del derecho es de gran relevancia, debido a que el mismo regula la conducta y protege los derechos de los ciudadanos dentro de una sociedad. La mayoría de estados basan sus principios en el derecho y la democracia, su aplicación y  en el pleno cumplimiento del derecho siendo fundamental para el desenvolvimiento del mismo.

En las sociedades actuales la aplicación del derecho en sus diferentes ramas, es fundamental para mantener la organización y la plena convivencia en dichas sociedades. Los distintos cambios y evoluciones por los cuales ha tenido que atravesar el derecho y su aplicación, han hecho que la eficacia del mismo se consolide. En la actualidad cada estado tiene la autonomía de aplicar el derecho según sus lineamientos jurídicos, pero en la mayoría de los casos la aplicación del mismo es similar en todos los países. El derecho tiene un papel muy preponderante en el desarrollo y las civilizaciones humanas, ya que el mismo estableció normas de conductas y organización a la sociedad.

Principios básicos del derecho

Los principios o lineamientos básicos que rigen el derecho, son el establecimiento de una serie de normas que buscan la convivencia y la organización en la sociedad de un estado de derecho. En la actualidad, los principios básicos que rigen el derecho de los estados democráticos, es el respeto máximo de los derechos humanos y la soberanía. Además, la preservación de la paz y el cumplimiento de las normativas de la sociedad también tienen gran relevancia. Depende de cada estado el correcto cumplimiento y la aplicación de las leyes dentro de un estado de derecho.

 

Tipos de derecho

La evolución del derecho a lo largo de la historia ha hecho que el derecho se derive en diferentes ramificaciones. Cada una de las ramas del derecho se encarga de la aplicación de las normas dependiendo de área en la cual se quiere aplicar. Sin embargo, hay dos grandes divisiones en las cuales se divide el derecho, las cuales son:

– El derecho objetivo

El derecho son el conjunto de normas o leyes en general que buscan regular la conducta o comportamiento de un individuo dentro de la sociedad. El mismo, se basa es un sistema normativo que establecen los estados de derecho para preservar la organización y la convivencia. El derecho objetivo busca la aplicación de las normas en general, de este modo se evita que algunos individuos infrinjan la ley.

– El derecho subjetivo

El derecho subjetivo busca velar por las facultades que tiene un ciudadano frente a la sociedad o frente al mismo estado democrático. El mismo, busca defender los intereses que tiene cada individuo y hacer que sus facultades sean cumplidas y respetadas. Tales facultades son: El derecho político y el derecho privado. Las mismas a su vez protegen las facultades civiles de los individuos que conforman la sociedad.

 

Adoctrinamiento histórico del derecho

La aplicación del sistema normativo que dio origen al derecho moderno, tuvo su doctrina en la búsqueda de la organización y respeto de la convivencia en las civilizaciones antiguas. El imperio romano fue el primero en adoctrinar el derecho como principio básico de organización de su sociedad. Aunque, otras civilizaciones o imperios de la historia ya contaban con un sistema normativo basado en sus creencias. Sin embargo, la aplicación del derecho como doctrina fundamental para el desarrollo de la sociedad solo tuvo lugar en las sociedades más recientes.

 

¿Es el derecho la base fundamental de cualquier sociedad?

La idea de un estado o civilización donde los principios básicos del derecho y la organización no sean plenamente establecidos solo genera caos. Es por ello, que el derecho y la aplicación de las leyes fueron los pilares fundamentales que dieron origen a las grandes civilizaciones. El derecho, fue la base fundamental que permitió el desarrollo de la sociedad humana, debido a que estableció normas de conducta y doto de organización a los estados. El derecho, es una de las doctrinas que más se mantiene en constante evolución, ya que de este depende el correcto funcionamiento de una nación democrática.

 

Evolución del derecho en la actualidad

El derecho en la actualidad ha hecho una gran evolución que a permitidos establecer paramentos claros de conducta. Este ha permitido que además de establecer lineamientos, también se establezcan las facultades que poseen cada individuo frente al estado y los otros ciudadanos. Las sociedades o países con mayor desarrollo han establecido en el derecho como el principio básico de sus sociedades.  El mismo, es aplicado bajo normas de justicia que ofrecen igualdad de condiciones para todos los miembros del estado de derecho.

Ley familia y divorcio

La ley de familia y divorcio

Uno de los temas del derecho más comunes y debatidos en todos los países es el de la separación de una unidad civil. Esto se debe a que en la mayoría de los casos los matrimonios civiles involucran a menores de edad, la ley debe enfocarse en la protección de sus derechos. El derecho busca como principal objetivo el equilibrio y la repartición equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Además se busca establecer el bienestar de todas las partes involucradas en la separación, poniendo como principal objetivo la protección de los menores implicados.

¿A quién ampara la ley en caso de divorcio?

La legislación tiene la tendencia de brindar protección a la parte más vulnerable en la separación de un matrimonio civil. En la mayoría de los casos la separación de los bienes adquiridos durante esta unión se hace de manera igualitaria para que ambas partes salgan favorecidas. La mujer tiene una protección especial y en algunos de los casos la ley obliga a que la misma reciba una manutención de su  ex pareja. Sin embargo, la ley y el derecho intentan ser los más justos posible para que ambas partes salgan favorecidas en la separación.

¿A quién pertenece la custodia de los menores después de una separación civil?

En este punto las leyes son un poco más específicas, la custodia de los menores pertenece a la madre y esta debe recibir una manutención del padre de los mismos. Este tiene el derecho de ver a los menores por lo menos una vez por semana. Aunque existen casos especiales en el que la custodia es compartida o incluso quien queda bajo la custodia de los menores es el padre. La ley busca que la separación sea lo menos conflictiva posible y se haga con el mayor consenso posible.

Las entidades financieras se libran de un nuevo estacazo a sus políticas abusivas

Los intereses del sector financiero español se anteponen a las pretensiones de miles de hipotecados. Esta es la conclusión que se extrae del fallo del TS a favor del sector financiero en un nuevo revés judicial para los ciudadanos españoles con hipotecas. El pleno de la Sala Primera de lo Civil ha dictaminado que el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) debe ser asumido por el cliente. El TS se ha pronunciado sobre dos recursos de casación presentados contra dos sentencias de la Audiencia Provincial de Oviedo que obligaba a dos clientes a abonar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) derivado de la hipoteca. Estos ciudadanos reclamaban que dicho impuesto debía abonarlo el banco. Ahora bien dejemos bien claro que el fallo se refiere únicamente a este impuesto, no a los demás gastos relacionados con la constitución de la hipoteca.

El Supremo únicamente dirimía lo relativo al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD). La sentencia establece que:

– Por la constitución del préstamo: el pago incumbe al prestatario; se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que establece que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario

– Por el timbre de los documentos notariales: el impuesto correspondiente se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

Debemos aclarar en este punto que la matriz son los folios que tiene la escritura de la hipoteca. Cuantos más folios, más dinero se debe abonar por este concepto. El TS dispone que esto se tiene que pagar a medias entre prestamista y prestatario, pero en la práctica observamos que se trata de cantidades muy, muy pequeñas, quizás estemos hablando de 50 a 250 euros. Lo que supone que el grueso de los gastos hipotecarios, teniendo en cuenta que el AJD supone cerca de dos tercios de la factura total de los gastos de constitución de la hipoteca, lo deberá seguir abonándolo el cliente.

La principal línea de argumentación de la defensa de los hipotecados era que el beneficiado de que la hipoteca quedara registrada era el Banco, por lo que consecuentemente debía ser éste quien asumiera el pago del impuesto, gracias a ello las entidades financieras obtienen un título ejecutivo, constituye la garantía real y adquiere la posibilidad de ejecución especial, cuestión que no ha considerado el TS como suficiente para cargar a los Bancos con dicha responsabilidad tributaria.

Hay que recordar que los gastos derivados de la escritura hipotecaria son el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), los gastos de notaría, el Registro de la Propiedad y la gestoría. Sin embargo, es el AJD el que representa la gran parte de dichos gastos, aproximadamente un tercio del total. Mención aparte merecerían los gastos de gestoría que las entidades financieras imponen a sus clientes sin opción a declinar este servicio, pero este es un tema que abordaremos en otro momento.

Las quejas de las asociaciones de consumidores no se han hecho esperar, y es que al Supremo una vez más le ha temblado el pulso. Es conocido que el art. 68 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, expone que la obligación de pagar el impuesto corresponde al prestatario. Ahora bien, debemos matizar que si este gasto se incluye en una cláusula en la que se obliga al cliente a pagar todos los gastos, incluso los que por ley no le corresponden, dicha cláusula debe ser declarada nula y el banco asumir el coste total de esta nulidad. Esta cuestión fue establecida en su día por la sentencia de diciembre de 2015 que ahora se echa atrás. Por lo que entendemos que si este gasto (AJD) está incluido en una cláusula en la que se obliga al cliente a pagar todos los gastos, incluso los que por ley no le corresponden, la cláusula debe ser declarada nula. Esto denota el abuso que han ejercido sistemáticamente las entidades financieras, que han dejado con todos los gastos, los propios y los ajenos, a sus clientes

Por desgracia parece que la única vía que puede abrirse ahora para que miles de hipotecados  puedan reclamar la devolución de dicho impuesto son las instancias europeas, ya que las directivas europeas y las recientes sentencias del TJUE inciden en que las consecuencias de la nulidad de una cláusula abusiva deben tener carácter disuasorio. Eso sí, esta sentencia hay que contextualizarla, puesto que el varapalo de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que supuso un gran impacto económico en los bancos y el aumento de la litigiosidad en los tribunales, puede haber pesado de manera decisiva en esta sentencia, pero bajo mi humilde punto de vista los magistrados no han estado del todo acertados al dejarse influenciar por esta situación.

Debemos entender, desde este punto de vista, que de media lo que se reclama por parte de los hipotecados ronda unos 2.500 euros, cifra que si la multiplicados por los alrededor de ocho millones de hipotecas, extraemos que se trata de muchos miles de millones, cantidades que a día de hoy supondrían la desestabilización por completo del entramado financiero de nuestro país.

Lo redundante de esta cuestión es que el TS ya se pronunció en 2015 sobre los gastos y dictó una sentencia contra BBVA y Popular. En este fallo se pronunció exponiendo que toda cláusula que impusiera al cliente el importe total de los costes de una hipoteca era nula, pues se trata de una serie de gastos que debían ser compartidos y cuando esto no se produce nos encontramos ante una cláusula abusiva: «Son nulas las cláusulas que imponen al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato como consecuencia de la intervención notarial y registral y el pago de los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco”

Entonces cabe preguntarse: ¿Por qué ha tenido que pronunciarse de nuevo el tribunal Supremo a este respecto?

Esto se deriva como consecuencia de que en su fallo de 2015 el TS no aclaraba qué gastos debía asumir cada una de las partes. Esta falta de concreción ha provocado que desde entonces hayan visto la luz pronunciamientos judiciales muy dispares. Hay jueces que han condenado a las entidades financieras a asumir todos los gastos, mientras que otros han dictaminado que el AJD debía pagarlo el cliente.

Por lo que, aunque debemos reconocer que a pesar de no satisfacer las pretensiones de los hipotecados, el fallo del TS es positivo en cuanto a que permite unificar el criterio jurisprudencial, hasta ahora muy ambiguo y dispar entre los diferentes tribunales españoles.

exencion de impuestos

Qué es la doble imposición jurídica internacional

¿Qué es la doble imposición?

Podemos entender como doble imposición el hecho de que una misma renta esté sujeta a dos o más tributos que sean similares, generalmente suele ser a dos impuestos que gravan la renta. Este fenómeno puede darse entre impuestos de un mismo país, lo cual es menos habitual, o como consecuencia de la colisión entre las normas de dos países distintos, en cuyo caso esa doble imposición se denomina doble imposición internacional. Es decir en la doble imposición internacional se grava la misma renta por dos países debido a determinadas circunstancias que se pueden resumir en:

  • La relación directa del país que quiere gravar la renta y la persona que la ha obtenido. Esto puede ser motivado por residencia o por nacionalidad, es decir, existe una vinculación directa entre ese país y la persona a la se quiere gravar la renta
  • La relación entre la renta y el país. Cada país pretende gravar todas las rentas que se generen en su territorio

Aquí nos atañe la denominada doble imposición jurídica, consistente en gravar una misma renta de un contribuyente en dos o más países o Estados. Esta doble imposición es la que intentan de evitar los Tratados Internacionales para evitar la doble imposición. Pero también es cierto que no en todos los casos existe un Tratado para evitar dicho fenómeno, produciéndose efectivamente esta doble imposición en muchas ocasiones, es decir, un mismo sujeto pasivo tributario tiene la obligación de pagar impuestos sobre la renta generada a dos Estados independientes. Por lo tanto esta doble imposición podemos apreciarla en dos supuestos:

  • Por un conflicto de doble residencia: El contribuyente es considerado como residente por dos o más Estados, por lo que tributa en más de un sólo Estado por su renta
  • Por imposición del Estado de residencia: El contribuyente está sometido a tributar en su Estado de residencia por rentas que provienen de otro Estado (Estado de la fuente)

En definitiva este problema se da porque dos sistemas tributarios independientes emplean criterios distintos para determinar tanto las rentas que están sujetas a gravamen como para determinar que ciudadano se considera residente.

Los Estados son conscientes de este hecho, por lo que toman ciertas medidas legislativas para evitar esta doble imposición jurídica internacional. O bien el Estado de forma unilateral legisla para evitarla, o bien los Estados acuerdan Tratados internacionales para evitar esta doble imposición entre ellos. Estos Tratados pueden ser tanto bilaterales como multilaterales (Convenios de Doble Imposición).

Los convenios suscritos por España suelen emplear:

  1. Método de exención, que supone el no gravamen en España de las rentas gravadas en el extranjero. El Estado de residencia renuncia, por tanto, a gravar las rentas obtenidas en el Estado fuente.
  2. Método de imputación, o método del crédito fiscal, aquí se incorpora la renta obtenida en el otro Estado (fuente) a la base imponible del Estado de residencia. De este modo se establece una deducción de la cuota del impuesto igual a:
    • Modalidad de imputación integral: se deduce la totalidad lo pagado en el extranjero (Estado fuente)
    • Modalidad de imputación parcial: la deducción no puede exceder del impuesto en el  Estado de residencia (antes de la deducción) correspondiente a las rentas que han motivado aquel gravamen.

Ahora bien como mencionamos anteriormente cada caso concreto depende de qué países se encuentran en relación y de en cuál de ellos reside el contribuyente, por lo que habrá que atender a la existencia o no entre esos países de un Convenio de Doble Imposición.

ENLACE TABLA DE PAISES CON CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN CON ESPAÑA

http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/CDI/Paginas/CDI_Alfa.aspx

impuestos hipoteca

Impuestos y gastos en la compra de una vivienda

Todos en la compra de una vivienda nos debemos plantear que gastos e impuestos lleva aparejada la compra de una vivienda, pues es un capitulo de gastos importante en la adquisición de la vivienda.

En primer lugar debemos hacer mención a los gastos de notaria que son calculados en función del precio de compra  del inmueble declarado aplicando un arancel que tienen aprobados los notarios a nivel nacional, a este importe se le suma otra cantidad en función de los folios que contiene la escritura.

En segundo lugar están los gastos de inscripción de ese título público en el Registro de la Propiedad, cuya inscripción no es obligatoria, si bien es recomendable al objeto de salvaguardar nuestro derecho de propiedad frente a terceros .Los honorarios del Registro de la Propiedad se calculan en función de unos aranceles es  sobre el precio de compra declarado del inmueble al igual que los de los notarios.

Por último están los impuestos. Dentro de este capítulo podemos distinguir diferentes supuestos:

  • Vivienda  de nueva construcción adquirida  directamente de promotor en este supuesto deberemos abonar al promotor el Impuesto sobre el Valor añadido (IVA) en cuyo caso el porcentaje aplicable es el 10%  y a la Comunidad Autónoma donde se encuentre ubicada la vivienda el Impuesto sobre Actos Jurídicos documentados que varia según la Comunidad Autónoma entre el 0,2% y 1,5% . Ambos Impuesto se aplicaran sobre el precio de la vivienda abonado al promotor, existiendo diferentes  reducciones autonómicas en función del valor de la vivienda, de la edad del adquirente y si se trata de vivienda habitual.
  • Vivienda de segunda mano, siendo el vendedor una promotora en cuyo caso deberemos abonar a la Comunidad Autónoma donde esta ubicada la vivienda el Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales ( Real Decreto Legislativo  1/1993 , de 254 de Septiembre desarrollado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo).El porcentaje aplicable sobre el valor de la vivienda varía según la Comunidad Autónoma entre un 4% a un 10% , existiendo así mismo diferentes reducciones.
  • Venta de vivienda entre particulares en cuyo caso deberemos abonar a la Comunidad Autónoma donde está ubicada la vivienda el Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales ( Real Decreto Legislativo  1/1993 , de 254 de Septiembre desarrollado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo).El porcentaje aplicable sobre el valor de la vivienda varía según la Comunidad Autónoma entre un 4% a un 10% , existiendo así mismo diferentes reducciones.

Todos estos gastos e impuestos se incrementaran evidentemente si la compra la financiamos con una hipoteca, en cuyo caso deberemos asumir según reciente jurisprudencia el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados sobre el importe de la hipoteca, intereses garantizados y costas procesales.

Por último a la hora de la compra es muy importante comprobar el valor fiscal de dicha vivienda lo cual podemos realizar aplicando al valor catastral que tiene asignado los coeficientes de actualización en su caso  cada Comunidad Autónoma tiene aprobados para cada localidad. Es importante este aspecto si queremos evitar una liquidación complementaria con sus correspondientes recargos e intereses de demora girada por el correspondiente órgano gestor de estos Impuestos de la Comunidad Autónoma donde se encuentre ubicada la vivienda.