tarjetas revolving trampa

La «trampa» de las tarjetas revolving llegan a los juicios

Las tarjetas de pago aplazado, más conocidas como tarjetas revolving, comienzan a estar presentes en los juzgados de toda España, con casos de demandas con los que se busca la condena de los bancos por usura, tratando así de que sus clientes recuperen todos los intereses que han pagado de manera abusiva.

Con miles de sentencias favorables en este tipo de demandas, este tipo de intereses abusivos ya son todo un quebradero de cabeza para el mundo de la banca, ya que hay hasta 8 millones de personas que podrían realizar sus reclamaciones ante el juzgado.

Cómo funcionan las tarjetas revolving

Las tarjetas revolving son tarjetas que, al igual que el resto de tarjetas de crédito, permiten el pago aplazado de todo aquello que compres, por lo que compras ahora cualquier cosa y podrás pagarlo posteriormente a crédito. La diferencia con las convencionales es la manera en la que posibilitan la devolución del dinero.

Mientras que en una tarjeta de crédito convencional realizas compras y pagas el total de las compras a final de mes o cuando esté estipulado en el contrato, sin intereses, en el caso de las tarjetas revolving te permiten fraccionar el pago del crédito, es decir, que en lugar de abonar todo aquello que has gastado de la misma vez, puedes pagarlo en diferentes cuotas para la devolución del dinero.

Es decir, se trata de una tarjeta que incluye un crédito preconcedido en el usuario elige cuánto quiere abonar cada mes, ya sea un porcentaje del total de la deuda o una cuota fija. Asimismo, a medida que se va devolviendo el crédito, este dinero vuelve a encontrarse disponible para ser gastado por el usuario de nuevo, dando así origen a un círculo vicioso que nunca parece tener fin.

El problema de estas tarjetas es cuanto las cuotas no cubren el principal y generan nuevos intereses que se van acumulando, haciendo que sea una deuda que puede llegar a durar mucho tiempo e incluso inasumible a causa de los elevados intereses que se manejan, que habitualmente rondan el 25% TAE.

5 portales dónde leer sobre noticias legales en España

Si estás buscando estar al tanto de noticias legales en España, hay una serie de portales web en los que puedes informarte a diario. Te dejamos con cinco de los más utilizados:

Noticias Jurídicas (noticias.juridicas.com)

Portal web especializado en en el ámbito jurídico donde se publican noticias legales a diario correspondientes a actualidad, legislación y convenios, artículos de conocimiento y otros contenidos de gran interés para todos los profesionales jurídicos en todas sus vertientes.

ElDerecho.com

Este es otro de los portales más conocidos en el ámbito del derecho, un espacio en el que puedes encontrar una gran cantidad de contenidos y noticias clasificadas por la rama del derecho a la que pertenecen, así como otras secciones de gran interés.

Clínica-Jurídica.com

Portal especializado en proporcionar información de actualidad, legislación y jurisprudencia, mediación, tecnología… y otros muchos contenidos relacionados con el ámbito legal.

Abogacia.es

Este es el portal del Consejo General de la Abogacía Española, un portal web en el que se puede encontrar una gran cantidad de noticias de actualidad de carácter legal, así como contenidos especiales, agenda de eventos y mucho más información sobre el ámbito legal.

Más allá de estos portales para leer noticias legales, debes tener en cuenta el Boletín Oficial del Estado, la principal fuente para estar al tanto de temas jurídicos de máxima importancia. 

Ley de Eutanasia

¿Cómo funciona la ley de la eutanasia en España?

Son muchas las personas que tienen dudas acerca de la eutanasia en nuestro país, por lo que a lo largo de este artículo esperamos resolver toda cuestión relacionado con esta práctica.

En primer lugar se debe dejar claro que la eutanasia no está autorizada en España, aunque sí es cierto que la ley reconoce el derecho que una persona enferma tiene a desestimar la atención médica y a mostrar sus deseos en manera de testamento en vida. Tanto la eutanasia como el suicidio asistido son considerados un delito, tal y como se encuentra reflejado en el artículo 143.4 de. Código Penal.

En estos casos las penas pueden ir desde los 2 a los 10 años de prisión, aunque podría haber una rebaja de la condena en el caso de que la víctima haya hecho una petición expresa solicitándolo y que además estuviese padeciendo una grave enfermedad.

Eutanasia Pastilla

En el artículo 143 del Código Penal se establecen diferentes supuestos en los que se muestra la manera en la que se penará a una persona que trate de inducir el suicidio de otra persona o cooperé con él para conseguirlo.

De esta manera se establece que quienes induzcan al suicidio serán castigados de con una pena de prisión de entre 4 y 8 años, y el que coopere en un suicidio podría ser condenado a estar en prisión entre 2 y 5 años, aunque si la cooperación llega incluso a llevar a cabo la muerte, la condena se elevará a entre 6 y 10 años de prisión.

Sin embargo, hay un apartado dentro del artículo citado que indica que si una persona sufre una enfermedad grave que le va a llevar a la muerte o que tiene problemas permanentes y complicados de soportar, y solicita de manera expresa su deseo de morir, el castigo podría ser inferior en uno o dos grados a los indicados.

Libertad de expresion

Jurisdicción en la libertad de expresión en internet

La libertad de expresión en internet plantea una gran cantidad de dudas a muchos usuarios, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones las leyes de derechos de autor se utilizan para censurar determinados contenidos, así como plataformas que se encargan del bloqueo de determinados usuarios para evitar problemas… todas ellas medidas que de alguna manera están perjudicando a la libertad de expresión de los usuarios en la red.

Se puede determinar en la red que tanto la libertad de expresión como de información están constantemente en juego, siendo un derecho fundamental para así poder ejercer otros derechos. La jurisdicción que se encarga de regular la misma es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la cual nació en 2002 para tratar de regular las actividades «online» de la época, que por aquel entonces eran principalmente de carácter comercial.

Desde entonces internet ha sufrido numerosos cambios de importancia, sobre todo a raíz de la llegada de los smartphones y el boom de las redes sociales, entre otros, dando origen a nuevos problemas como son la desinformación, la manipulación, la violación de la intimidad y privacidad, los plagios y la libertad de expresión.

Esta última se ve perjudicada en muchas ocasiones por la denominada cibervigilancia, que es constante en el mundo digital. En el momento que una persona se siente vigilada es que su libertad de expresión está limitada, además de cohibir a la hora de expresarse sin temor a las consecuencias que pueda tener en el futuro, lo que también se traduce en una manera de autocensura.

De esta manera, dicha libertad de expresión se ve seriamente comprometida en internet, sobre todo por que en muchos portales y plataformas de la red se llevan a cabo determinadas acciones y procesos que la ponen en duda, llegando en muchos casos a rozar la ilegalidad.

Derecho al olvido 2019

El derecho al olvido de Google: Nuevos cambios en 2019

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dicto sentencia en el pasado mes de enero en lo que se refiere a la protección del derecho al olvido digital, considerando este que la actividad del conocido motor de búsqueda Google debe ser considerado como un «tratamiento de datos personales» en aquellos casos en los que afecta a la información referente a personas físicas, haciendo que sea por tanto el responsable del tratamiento de estos datos. Esto se debe a que el buscador recoge la información, la indexa, la almacena y la pone a disposición de cualquier persona.

Teniendo en cuenta la normativa actual, cualquier persona que vea como en internet hay comentarios malos acerca de ella y que entonces le puede afectar de manera notable en su vida o a la hora de encontrar un trabajo, por ejemplo.

Para acabar con este problema y esos comentarios negativos que puedan estar indexados en el buscador, se puede solicitar el derecho al olvido, lo que hará que Google elimine sus datos de su motor de búsqueda. Sin embargo hay un pero, y es que Google puede considerar que esa información es de interés público y no eliminarla.

En cinco años, Google ha recibido cerca de un millón de solicitudes de derecho al olvido, aunque más de la mitad de ellas han sido rechazadas, justificándose desde el buscador que debe haber un equilibrio entre la privacidad de una persona y que se trate de una información de interés público.

Para el Tribunal Supremo, se ampara el derecho a la protección de los datos personales de las personas afectadas frente al derecho a la información que sostiene Google y en lo que fundamenta el carácter público de determinadas informaciones.

Se determina, por tanto, que los proveedores de servicios de motores de búsqueda se encuentran obligados a preservar el derecho de la vida privada de las personas, debiendo evitar cualquier tipo de interferencia que pueda llegar a ser considerada ilegítima.