La denominada Ley Bustos es la Ley Nº 19.631, publicada en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 1999, en Chile. Esta ley obliga a los empleadores al abono de las cotizaciones previsionales que se adeuden a los trabajadores como requisito indispensable para poder proceder a su despido.
Esta ley se aplica a todos los trabajadores, sin ningún tipo de excepción, por lo que se incluyen también los temporeros y los trabajadores que lo hagan en su casa particular.
Para que un despido sea considerado como válido, debe proporcionar el documento de aviso de final del contrato, pero también una serie de certificados que puedan acreditar que se está al día en el pago de estas cotizaciones previsionales:
- Cotizaciones de salud, Fonasa o Isapre
- Cotizaciones de pensiones, AFP o INP
- Cotizaciones del seguro de cesantía, de acuerdo a la Ley Nº19.728, si corresponde.
Se deben presentar, por lo tanto, las respectivas planillas de pago., al mismo tiempo que el empleador debe comprobar que las cotizaciones se encuentran pagadas a la hora de proceder al despido.
En caso de que no lo estén, no podrá completarse el contrato de trabajo, por lo que el empleador se verá obligado, por ley, a seguir pagando al trabajador sus remuneraciones y el resto de prestaciones que aparezcan reflejadas en su contrato, hasta que se hayan cumplido los requisitos necesarios para su despido.
La Ley Bustos nació para hacer frente a las épocas de crisis, de forma que así se pudo incrementar la protección de los derechos de los trabajadores, evitando que no se pagarán las cotizaciones por parte de los empleadores.
En el caso de que no se cumpla con la Ley, el trabajador tiene la posibilidad de denunciar dentro de un plazo de 60 días, pudiendo solicitar entonces la nulidad del despido. De esta manera se consigue proteger en mayor medida a todos los empleados.
