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¿Qué hacer en caso de perder el DNI?

Una duda muy habitual entre muchas personas es qué hacer si pierden el DNI. Lo más importante es que actúes con rapidez y te pongas manos a la obra lo antes posible para llevar a cabo los trámites oportunos.

En caso de pérdida o robo del Documento Nacional de Identidad tendrás que realizar una serie de trámites para poder renovarlo sin problemas.

En primer lugar, lo primero que debes hacer es acudir a una comisaría de Policía para notificarlo. En el caso de que se haya tratado de un robo tendrás que hacer lo propio pero para formular una denuncia. Llevando a cabo este trámite lograrás evitar cualquier responsabilidad que pudiera haber si otra persona hace un uso indebido de tu DNI.

A continuación, una vez que la Policía tiene conocimiento de la pérdida o robo del Documento Nacional de Identidad debes tramitar la renovación del mismo. Para hacerlo puedes acudir a las oficinas de expedición del DNI, siendo preferible que, para evitar colas que pueden llegar a ser muy largas, solicites cita previa para su renovación.

Una vez tengas la cita precia solicitada podrás acudir en la hora y fecha elegida a la oficina de expedición, donde se te expedirá un nuevo documento.

En cualquier caso, al acudir a la comisaría te expedirán un resguardo de pérdida de DNI o robo para que puedas justificar en caso de que sea necesario que no lo llevas encima, así como para realizar cualquier gestión hasta el día en el que acudas a que te expidan uno nuevo.

Ten en cuenta que para la expedición del DNI debes llevar dos fotografías de tamaño carnet, así como el mencionado resguardo que te dieron en la comisaría. Recuerda que para la fotografía no debes llevar pañuelos ni peinados que tapen parte de tu cara y puedan hacer que fuese complicado identificarte en el caso de que así se requiriese.

Safescan app

Safescan, una de las aplicaciones para el registro horario en el trabajo

Desde el pasado mes de mayo las empresas están obligadas a llevar un control horario sobre sus trabajadores, según la nueva ley de control laboral, haciendo que sea necesario hacer uso de diferentes soluciones de hardware y software para ello.

De esta manera las empresas están obligadas a tener un registro en el que se refleje tanto la entrada como la salida de cada trabajador de su puesto de trabajo. Además también deben registrarse las pausas para comer en el caso de las jornadas partidas. Estos registros deben conservarse durante cuatro años.

Aquellas empresas que cuentan con plantillas concentradas en uno o varios centros de trabajo, lo más cómodo es que recurran a un hardware de fichaje que permita registrar la entrada y salida mediante una tarjeta de proximidad, un código o una huella dactilar.

Este hardware debe estar asociado a un software que permita tanto obtener informes como marcar horarios, corregir incidencias, revisar el número de horas trabajadas, etcétera. En este sentido Safescan es una de las mejores opciones del mercado.

Safescan cuenta con una gran cantidad de terminales concebidos para el control de los trabajadores y que se pueden adaptar a cada empresa. Para ello emplean dispositivos con conexión Ethernet, WiFi y que incluso pueden permitir la extracción de los datos mediante USB.

Además cuenta con la posibilidad de realizar informes, controlar incidencias y también poder exportar los datos para que se integren con el software de nóminas de una manera sencilla. Además, su software de control de presencia y permite realizar un registro para trabajadores en movilidad.

Su gran ventaja con respecto a otras alternativas que se pueden encontrar en el mercado es que ofrece soluciones para todo tipo de empresas, ya sea una Pequeña y Mediana Empresa (PYME), una empresa con varios centros de trabajo, o una empresa con empleados en movilidad. Al adquirir cualquiera de sus terminales se incluye un software base, debiendo abonar un extra para disfrutar de las opciones más avanzadas.

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Las acciones a realizar por un abogado de extranjería

A lo largo de los últimos años ha habido un claro repunte en lo que se refiere a temas relacionados con la extranjería. Estos son todos aquellos casos en los que personas de otros países quieren emprender algún tipo de acción dentro de España.

Este repunte de los últimos años se debe claramente al incremento del flujo migratorio y también el endurecimiento de las leyes al respecto. Esto hace que se deba recurrir en muchas ocasiones a un abogado de extranjería.

En este sentido, un abogado de extranjería presta diferentes servicios, entre los que se encuentran los siguientes:

  • Solicitud de la nacionalidad española.
  • Solicitudes de autorizaciones de trabajo y residencia.
  • Asesoramiento y tramitación de ayudas por parte de instituciones tanto públicas como privadas.
  • Reagrupación familiar. De esta manera una persona extranjera puede tratar de hacer que los miembros de su familia, o al menos algunos de ellos, puedan llegar a España.
  • Expedientes sancionadores de extranjería, multas y expulsiones. El profesional les brindará asesoramiento legal si el individuo extranjero se encuentra en una situación irregular.
  • Tramitación de expedientes matrimoniales.
  • Tramitación de tarjetas para estudiantes extranjeros que quieran cursar estudios en España o llevar a cabo tareas de investigación.
  • Autorizaciones para trabajadores de temporada.
  • Asesoramiento a empleadores.
  • Autorizaciones para regular menores.
  • Gestión de visados para inversores (En este caso se permite la residencia en el territorio nacional por al menos un año).

Estos son algunos de los principales servicios que puede prestar un abogado de extranjería especializado, aunque existen otras muchas en las que pueden ser de gran ayuda y necesidad.

Por este motivo, lo mejor en cualquiera de estos casos es acudir a un despacho de abogados que tenga amplios conocimientos en temas de extranjería, ya que tendrá la formación y experiencia requerida para poder ofrecer las mejores soluciones a cada caso en particular.

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Las ciudades con el alquiler más CARO en España

Cuando una persona se plantea cambiar de residencia, ya sea por motivos personales, laborales o académicos, acostumbra a buscar en muchos casos una nueva vivienda de alquiler. En este sentido hay que tener en cuenta que hay unas ciudades en las que el alquiler es más caro que en otras, siendo las ciudades de Barcelona y Madrid las que encabezan el ranking.

Barcelona es la ciudad más cara para alquilar una vivienda, con un precio medio de 32,2 euros por metro cuadro en el paseo de Gràcia, su calle más exclusiva. De esta forma, por un piso de 100 metros cuadrados habrá que pagar un alquiler mensual de 3.222 euros. Esto significa un crecimiento de casi el 10% con respecto al año anterior.

Por su parte, Madrid es la segunda ciudad más cara para el alquiler, con un precio medio de 30,93 euros por metro cuadrado en su calle más cara, que es la calle Serrano. Su subida con respecto al año anterior ha sido de un 11%.

En tercer lugar nos encontramos con Pamplona, donde el precio medio es de 24,82 euros. En este caso se mantiene con respecto al año anterior, no como en el caso de Barcelona y Madrid, donde sí ha habido un aumento considerable.

En este sentido hay que tener en cuenta que en todas las provincias de Cataluña y el País Vasco se han incrementado los precios, siendo San Sebastián y Vitoria las que han experimentado un mayor aumento de precio de alquiler, con un 21% y 18%, respectivamente. En el caso de Cataluña, el mayor aumento de coste ha tenido lugar en Barcelona, donde se ha experimentado una subida del 8,9%.

Por otro lado hay que tener presente que la mayor diferencia entre los valores máximos y mínimos relativos al alquiler se pueden encontrar en Madrid, Barcelona y Pamplona, haciendo que la diferencia existente entre los alquileres más baratos y los más caros puede llegar a alcanzar los 20 euros por metro cuadrado.

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Las ayudas para el alquiler de viviendas a familias necesitadas

En esta ocasión te vamos a hablar del alquiler social y los requisitos que debes cumplir para poder acceder a la solicitud de una de este tipo de viviendas.

El Fondo Social de Viviendas fue creado a través de un convenio entre los Ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, además de por algunas entidades bancarias, un fondo a través del cual familias que cumplan con una serie de requisitos pueden acceder al alquiler de viviendas, como es el caso de que se encuentren en riesgo de exclusión social.

Pueden acceder al alquiler social aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual desde el 1 de enero de 2018 en favor de alguna de las entidades de crédito que son parte de este convenio. Además, deben ser individuos que se encuentren en alguna de estas circunstancias:

  • Se ha desalojado a las personas a través de una demanda de ejecución por impagos de préstamos no hipotecarios o hipoteca.
  • El procedimiento de ejecución hipotecaria ha ocasionado adjudicación de vivienda pero no se ha realizado aún el desalojo.
  • Se ha dado una situación de dación en pago, aunque aún no se haya abandonado la vivienda.

Requisitos para solicitar el alquiler social

Aquellas personas que quieran recibir ayudas para el alquiler de una vivienda deben cumplir con una serie de requisitos, siendo los dos principales que los ingresos percibidos no pueden estar tres veces por encima del IPREM, y no pueden ser propietarios de una vivienda, ni la persona que lo solicita ni nadie de su unidad familiar.

Además de esto, hay que encontrarse en alguna de estas situaciones:

  • Estar desempleado o no percibir ninguna prestación por haberlas agotado.
  • Ser parte de una unidad familiar en la que haya hijos menores.
  • Familia que sea monoparental y que tenga dos o más hijos a su cargo.
  • Si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene un grado mínimo de discapacidad del 33% o que no pueda trabajar.
  • Que alguno de los miembros de la unidad familiar haya sufrido violencia de género.
  • Tener una edad superior a los 60 años.
  • Ser una persona en situación de dependencia o padezca discapacidad.
  • Ser una persona que por tener un aval ha tenido que asumir deudas de nietos o hijos y que esté prejubilado o jubilado.
  • Cuando una persona se encuentre en una situación vulnerable, detectada por los servicios sociales, una ONG…