Sanciones exceso velocidad

Sanciones por exceso de velocidad en España

La Dirección General de Tráfico (DGT) establece una serie de infracciones por exceso de velocidad. En este artículo te vamos a explicar todo lo que debes saber sobre este tipo de sanciones.

En primer lugar debes saber que, en caso de sanción, a partir de la notificación, el plazo es de 20 días naturales para poder alegar si no se está de acuerdo con la denuncia. O bien se puede abonar el 50% de descuento por pronto pago.

En el caso de que no se haga el pago, si se ha vencido el plazo de 15 días naturales posteriores a la fecha de la sanción, el cobró se realizará mediante el llamado procedimiento de apremio. El importe a pagar por las multas de tráfico es el mismo sin importar el lugar en el que se cometa la infracción.

No obstante se debe tener en cuenta que en el caso de las infracciones leves, que son aquellas de hasta 100 €, se pueden graduar por el organismo que sancione.

Tipos de infracciones

De forma general, las sanciones por exceso de velocidad en España se pueden dividir en:

  • Infracción leve: Hasta 100 euros.
  • Infracción grave: 200 euros
  • Infracción muy grave: 500 euros.

Para determinar las multas por exceso de velocidad hay que tener en cuenta la tabla de sanciones , en la cual se establece una categorización en función del exceso de velocidad para cada límite, es decir, los kilómetros por hora que entran como multa en cada uno de los tipos de infracciones.

Salvo en el caso de las infracciones leves, que no llevan asociada la pérdida de puntos, las demás sí que la llevan, perdiendo de 2, 4 o 6 puntos en función del nivel de gravedad. Las multas pueden llegar a agravarse hasta los 6 puntos y 600 euros de sanción.

Con la normativa actual, la velocidad máxima en las carreteras secundarias es de 90 km/h. Por otro lado, circular a 131 km/h se sanciona actualmente con una multa de 300 euros y 2 puntos de carnet.

Ley medioambiental

¿Que es legislación ambiental?

La legislación ambiental o legislación de medio ambiente que debe ser aplicada sobre una organización, debe tener en cuenta diferentes tipos de normativa, que pueden clasificarse en Comunitaria (Unión Europa), Estatal (Administración del Estado), Autonómica (Administración de las Comunidades Autónomas) y Municipal (Ayuntamientos).

Cada organismo, a través de sus directivas, reglamentos, decisiones, leyes, decretos, órdenes u ordenanzas municipales, fijan diferentes normativas que deben seguir las empresas y los ciudadanos, una serie de medidas que están enfocadas, como se puede deducir de su nombre, para proteger y conservar el medio ambiente.

En el caso de España, al formar parte de la Unión Europea, la legislación ambiental aprobada por la UE prevalece sobre la legislación nacional.

En el caso de la normativa nacional, la legislación ambiental se encuentra regulada por el artículo 45 de la Constitución Española. Este artículo tiene tres puntos clave:

  1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, además de contar con el deber de favorecer su conservación.
  2. Los poderes públicos deben velar por utilizar de una manera racional todos los recursos naturales existentes, de manera que se pueda proteger y mejorar la calidad de vida al mismo tiempo que se consigue proteger y restaurar el medio ambiente.
  3. Aquellas personas u organismos que violen lo dispuesto en el apartado anterior recibirán una sanción penal o administrativa en función de su infracción, además de estar obligadas a reparar el daño que pudieran causar.

En lo que respecta a nivel autonómico, las Comunidades Autónomas tienen competencia para regular diferentes materias y dictar normas a través de sus propios Parlamentos. De esta manera se puede establecer una legislación ambiental que tenga que ser respetada a nivel autonómico.

Lo mismo ocurre a nivel municipal, si bien los entes locales no tienen capacidad legislativa pero sí potestad reglamentaria. Esto quiere decir que aunque no pueden dictar leyes, sí pueden regular su forma de aplicación.

En todo caso, se debe tener en cuenta que la legislación ambiental es muy extensa y cambiante.

Ley Propinas España

Ley de regulación sobre las propinas en España

A la hora de hacer referencia la Ley de regulación sobre las propinas hay que saber que las cantidades económicas que recibe como propinas un empleado son rendimiento del trabajo y, por ello, se encuentran sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Según el artículo 17.1 de la Ley 35/2006 del IRPF, la Dirección General de Tributos considera que las propias deben estar sujetas a este impuesto, así como a su sistema de retenciones a cuenta. De esta forma una empresa está obligada a retener e ingresar parte de dichas propinas.

De esta forma, la empresa deberá incluir las propinas como una retribución extrasalarial en las nóminas de los trabajadores, y éste deberá incluirlas como rendimiento variable en su declaración de IRPF, lo que incrementará el rendimiento que se pueda obtener como salario. Al mismo tiempo se incrementarán los impuestos que están relacionados con los ingresos.

Por otro lado, las propinas constituyen un ingreso contable que debe ser integrado en la base imponible del Impuesto de Sociedades. En lo que respecta al IVA, la empresa no debe declarar IVA por las propinas, ya que no tiene la consideración de gasto fiscal al ser tan solo un intermediario entre los clientes y los empleados. De esta manera, no se considera que sea una retribución por entregar un bien o prestar un servicio.

En cuanto a la Seguridad Social, hay que tener presente que son entregas de dinero de pequeña cuantía que no se consideran salario ni complemento salarial, y cuya cuantía no computa a efectos de cotización a la Seguridad Social. Esta situación se debe diferenciar de la retribución indicada en diferentes convenios colectivos y que recibe el nombre de «tronco de propina», en el que participan todos los trabajadores. Este sí es un concepto retributivo de tipo salarial y, por lo tanto, sujeto a cotización.

Sanciones LOPD

Sanciones por no cumplir la Ley de Protección de Datos

El no cumplir con la Ley de Protección de Datos (LOPD) lleva asociadas una serie de sanciones, cuya cuantía depende del tipo de infracción. Estas se gradúan atendiendo a su naturaleza, el volumen de tratamientos efectuados, los beneficios obtenidos, la reincidencia, etcétera, pudiendo ser clasificadas en infracciones leves, graves y muy graves.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) fija dos franjas económicas en función del tipo de infracciones que sean detectadas por las autoridades de control, siendo impuestas las siguientes multas:

  • Multa de hasta 10 millones de euros o un 2% de la facturación de la empresa. Se producen en aquellos casos en el que se comentan infracciones como no adoptar las medidas de seguridad apropiadas o no haber nombrado a un delegado de protección de datos cuando sea obligatorio.
  • Multa de hasta 20 millones de euros o un 4% de la facturación de la empresa. Se da en aquellos casos en los que las infracciones se dan por vulnerar los derechos de los afectados o bien por incumplir los principios básicos del tratamiento de los datos.

De esta manera, el RGPD apuesta por un sistema dual para determinar la cuantía de las sanciones por incumplir la protección de datos.

Tipos de sanciones de Protección de Datos

La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales ordena las infracciones en las siguientes categorías:

Infracciones leves (prescriben en 1 año)

Reciben esta calificación las siguientes infracciones:

  • No cumplir con el principio de transparencia.
  • No eliminar los datos de una persona fallecida cuando sea obligatorio.
  • Incumplir el deber de informar al interesado.
  • No publicar los datos de contacto del delegado de protección de datos.
  • Tener un registro de actividades de tratamiento que sea incompleto.
  • Notificar de forma defectuosa una violación de seguridad a la autoridad de protección de datos.

Infracciones graves (prescriben a los 2 años)

Las infracciones graves son:

  • No haber notificado una violación de seguridad de los datos a la autoridad de control de datos.
  • No designar a un delegado de protección de datos cuando sea necesario.
  • Utilizar los datos de un menor de edad sin su consentimiento ni el de sus tutores legales o padre.
  • No tomar medidas para garantizar el cumplimiento de la protección de datos de la forma adecuada.
  • No contar con un registro de actividades de tratamiento.
  • Tratar los datos personas sin llevar a cabo una evaluación del impacto cuando se exija.
  • Realizar la contratación de un encargado de tratamiento sin garantías.

Infracciones muy graves (prescriben a los 3 años)

Estas se dan en aquellos casos que:

  • No cumplir con las resoluciones que se hayan dictado por la autoridad de protección de datos.
  • Vulnerar los principios que se establecen en el Reglamento General de Protección de Datos.
  • No cumplir con los requisitos legales exigidos para la validez del consentimiento.
  • Utilizar los datos personales para una finalidad diferente para la cual se recogieron.
  • Hacer una transferencia internacional de datos sin las garantías suficientes.
  • Exigir el abono de un pago para poder atender las solicitudes de ejercicio de los derechos de los usuarios.
  • Revertir de forma deliberada la anonimización con el objetivo de reidentificar a los titulares.
Ley contratos publicos

La Ley de Contratos en el Sector Público

La ​Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, fue creada bajo los principios de transparencia, igualdad, competencia e integridad, con una serie de objetivos y novedades que la diferencian de la normativa existente hasta su aprobación y aplicación, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Corrupción

Con la ley actual se busca luchar contra la corrupción, para lo cual fueron modificadas la configuración de las mesas de contratación. Estas son independientes, de forma que se evita que puedan estar compuestas por cargos políticos. No obstante, en las entidades locales sí se permite, pero limitada a un tercio.

Asimismo, en la misma línea en la última reforma de la Ley se modificaron los contratos menores en límite cuantitativo y procedimiento. De esta manera el umbral se bajó a 40.000 euros en el caso de contratos de obra y a 15.000 euros en los contratos de servicios y suministro.

Simplificación de procedimientos de contratación pública

La ley actual nació también para simplificar los procedimientos y así reducir tanto la burocracia como las cargas administrativas. Por ello se promueve una ampliación en el uso de la declaración responsable. También se lleva a utilizar el procedimiento abierto simplificado y supersimplificado.

No obstante, la ley actual cuenta con un total de 347 artículos, acompañados de 53 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria, 16 finales y 6 anexos.

Criterios sociales y medioambientales

Un punto muy destacable de esta ley es la eliminación del precio como elemento determinante para la elección del adjudicatario. De esta manera, en la actualidad prima aquellas ofertas que tengan la mejor relación calidad – precio. Además se tienen en cuenta criterios sociales, medioambientales y de innovación o desarrollo a la hora de valorar las diferentes ofertas.

Medios telemáticos

Otra de las medidas destacadas de esta legislación son todas las medidas que se refieren a los procedimientos de adjudicación, apostando por la innnovación y la implementación de medios telemáticos o electrónicos. De hecho es obligatorio utilizar medios electrónicos para las notificaciones y comunicaciones en la tramitación de estos procedimientos.