jubilacion 2020

Cambios en la jubilación en 2020

La última gran reforma de las pensiones que tuvo lugar en el año 2011 incrementó la edad legal de la jubilación de 65 a 67 años, además de aumentar el número de años cotizados que se tienen en cuenta para el cálculo de la cuantía de la pensión, pasando de los últimos 15 años a los últimos 25 años.

Dado que se trató de un cambio muy importante, se decidió que se iría aplicando de forma progresiva. Por este motivo, al inicio de cada año se modifican las condiciones para acceder a las prestaciones correspondientes a la jubilación.

De esta manera, a partir del 1 de enero la edad de jubilación para los trabajadores que hayan cotizado menos de 37 años es de 65 años y 10 meses. Hasta el 31 de diciembre de 2019 ha sido de 65 años y ocho meses para quienes hubieran cotizado menos de 36 años y nueve meses.

No obstante, quienes puedan acreditar que tienen 37 años o más de cotización durante 2020, podrán jubilarse sin ningún tipo de penalización a los 65 años.

Por otro lado, en 2020 se incrementa el número de año cotizados para calcular la pensión de jubilación. De esta manera, el cómputo tendrá en cuenta los últimos 23 años de la vida laboral, uno más que en 2019, cuando se tenían en cuenta los últimos 22 años.

Al tener en cuenta que la cotización tiene una tendencia alcista con el paso del tiempo, esto hará que a medida que se van teniendo en cuenta más ejercicios, entrarán en ella cotizaciones más bajas, lo que también afectará a la hora de recibir una pensión de jubilación menor.

En lo que respecta a la jubilación anticipada, a ella se podrán acoger los trabajadores que tengan 63 años y 10 meses cumplidos, dos años antes de la edad legal, e irá incrementándose de forma progresiva hasta que en 2027 la jubilación anticipada sea de 65 años.

Estos son los principales cambios con respecto a la jubilación para el año 2020 en España.

Presupuestos Comunidades Autónomas

Los presupuestos de las comunidades autónomas de España en 2019

En el ejercicio 2019 todas las Comunidades Autónomas, a excepción de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y la Rioja, que prorrogaron sus presupuestos, aprobaron sus Presupuestos Generales para 2019, con el requerimiento de cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria del -0,1% de su PIB regional.

Los presupuestos de las comunidades autónomas de 2019 llegaron condicionados por diferentes circunstancias. De acuerdo al calendario habitual del ciclo presupuestario a nivel estatal y autonómico, las CCAA recibieron la notificación de que se tenía previsto que percibirían en el presente año en concepto de entregas a cuenta y liquidación de los recursos provenientes del sistema de financiación autonómico, lo que hizo que las Comunidades Autónomas iniciasen la elaboración de sus presupuestos.

Sin embargo, finalmente no prosperó la aprobación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2019, lo que sumado a la falta de actualización del mencionado objetivo de estabilidad ha provocado que para las Comunidades Autónomas se haya tenido que plantear un escenario más exigente con respecto a lo planteado inicialmente.

Además, el panorama político con los procesos electorales que se han llevado a cabo en la recta final del año han creado cierta incertidumbre acerca de las entregas a cuenta del ejercicio 2019. En todo caso, en comparación con el año 2018, el incremento total de los ingresos a cuenta ascenderá a un total de 6.818 millones de euros, lo que supone un 7,1% más que las entregas a cuenta de 2018. Este supone el mayor importe de entregas a cuenta en la historia.

De cara al ejercicio 2020, la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado están condicionados por las circunstancias actuales, así como todas las comunicaciones que tienen que ver con la entrega de las cantidades que se deben transferir a las Comunidades Autónomas como recursos procedentes del sistema. Al no haber un límite de gasto no financiero, sin existir un Gobierno central y sin presentarse el proyecto de presupuestos, algunas Administraciones han optado por prorrogar provisionalmente sus presupuestos del ejercicio 2019.

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«Soy de Venezuela y para poder trabajar aquí tendré que esperar 1 año y medio»

Las personas extranjeras que buscan obtener el permiso de trabajo o la tarjeta de residencia en España se encuentran a menudo con problemas a la hora de obtener la documentación que demandan. Muchas personas reclaman que en las Oficinas de Extranjería se debería trabajar con mayor rapidez a la hora de tramitar sus documentaciones.

«Soy de Venezuela y para poder trabajar aquí tendré que esperar 1 año y medio» son las palabras de una de estas personas extranjeras que se encuentran problemas a la hora de recibir el permiso de trabajo que le permita desempeñar algún tipo de labor en España. La gran demora en la tramitación de estos documentos hace que los ciudadanos extranjeros se encuentren con grandes dificultades para entrar en el mercado laboral.

De hecho, según las estadísticas, el 69,14% de las unidades familiares que recibieron atención por parte de Cáritas durante el pasado año eran extranjeras, una tendencia que lejos de reducirse va en aumento. Sin embargo, este tipo de asociaciones también recalcan que no pueden cubrir la primera necesidad de estas personas, que no es otra que la de que logren solucionar su situación legal.

Para ello existen unos determinados plazos y unos requisitos que son puestos por el Estado, si bien los procesos de regulación se demoran mucho más de lo deseado. Estos pueden llegar a durar desde seis meses a un año y medio.

No obstante, desde el Gobierno justifican esta demora asegurando que se debe principalmente a dos factores. Por un lado por el gran incremento en el número de extranjeros solicitantes de los permisos de asilo y, por otro, por que el número de trabajadores se ha visto recortado. Todo ello en conjunto hace que la documentación se tramite de una forma más lenta de lo que debería, ya que deja a estas personas extranjeros en una situación complicada durante muchos meses.

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¿Qué es el libro azul de Presupuestos Generales del Estado?

El libro azul de presupuestos es el documento con el cual se busca facilitar la lectura de los Presupuestos Generales del Estado, al mismo tiempo que se trata de buscar que el lector del mismo pueda disfrutar de una guía rápida para acceder a los diferentes contenidos mostrados en ella.

Este libro se encuentra estructurado de la siguiente manera:

  • Capítulo II: En este capítulo el libro azul de presupuestos hace referencia al sistema presupuestario en España.
  • Capítulo III: En este caso se muestra tanto el concepto de presupuestos como el marco jurídico, además de explicar el proceso de elaboración del mismo.
  • Capítulo IV: Este capítulo está destinado a indicar el ámbito institucional de los Presupuestos Generales del Estado de acuerdo tanto con la Ley General Presupuestaria como con la Constitución y la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado.
  • Capítulos V y VI: Ambos capítulos muestran la estructura correspondiente al presupuesto. Tiene en cuenta el sector público administrativo y el sector público empresarial.
  • Capítulo VII: En este último capítulo está especificado todo el contenido relativo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

De esta manera, a través del libro azul se puede conocer con detalle todo el funcionamiento relativo a los Presupuestos Generales del Estado en España, pudiendo entender por completo su funcionamiento.

En este documento aparecen reflejados los diferentes programas y áreas de gasto así como su estructura, el código presupuestario y otros muchos conceptos que es necesario conocer para entender el sistema presupuestario español.

Hay que tener en cuenta que España es un Estado descentralizado en el que existen tres niveles de gobierno (central, regional o autonómico y local) y que tanto las propias comunidades autónomas como las corporaciones locales tienen una autonomía para poder decidir y aprobar sus propios presupuestos. Esto hace que además del presupuesto del Estado existan los presupuestos correspondientes de las administraciones territoriales.

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El Derecho Financiero Tributario

El Derecho Financiero Tributario es la disciplina que forma parte del derecho financiero y que tiene como objeto principal el estudio del ordenamiento jurídico encargado de la regulación del establecimiento y también de la aplicación de los tributos, así como de la Hacienda pública.

Esta rama se encarga de estudiar las normas jurídicas a través de las cuales los entes públicos ejercen su poder tributario, buscando así satisfacer las necesidades colectivas. Esto hace que se puedan diferenciar dos partes, por un lado los ingresos públicos y por otro los gastos públicos.

Los tributos

Los tributos son las prestaciones pecuniarias que son obligatorias y que están establecidas por diferentes niveles estatales. Se trata de una obligación de carácter monetario que ha sido establecida por la ley y que busca sostener las diferentes cargas públicas, sobre todo el gasto del Estado.

En este sentido cabe distinguir entre el sujeto activo, que es el Estado o cualquier otro ente con facultades tributarias, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente, independientemente de que se trate de una persona física o jurídica.

Los tributos pueden clasificarse principalmente en tres figuras tributarias:

  • Impuestos: Son los tributos que son exigidos por el Estado. Son de obligado cumplimiento y que el propio Estado emplea en diferentes ámbitos como la salud, la educación, etcétera, buscando así responder a las diferentes necesidades públicas. Los impuestos pueden clasificarse en diferentes tipos.
  • Tasas
  • Contribución especial

Puedes informarte sobre nuestros servicios tributarios

El conjunto de tributos de un país conforma el denominado como sistema tributario, existiendo así una presión fiscal vinculado con el impacto del mismo en la riqueza. La presión fiscal es la suma de los impuestos que afectan a un contribuyente.

Todos estos temas y otros muchos relacionados se estudian en el Derecho Financiero y Tributario, teniendo en cuenta que el primero, el Derecho Financiero se basa en dos tipos de normas, las del Derecho Privado y las del Derecho Público.