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El Proyecto de Ley LOMLOE ya fue aprobado por el Consejo de Ministros. Se trata de la nueva ley educativa que trata de buscar una mejora en la educación española. Con su llegada se derogará la actual ley vigente, la conocida como LOMCE o «Ley Wert».

Claves del Proyecto de Ley LOMLOE

La nueva ley educativa en España tiene una serie de aspectos que son clave y que, según la ministra de Educación, Isabel Celaá, tratan de acabar con la segregación de los alumnos por su clase socioeconómica o sexual, además de impulsar el talento de los estudiantes.

De manera más clara, sus claves y principales modificaciones son los siguientes:

• Reducción de las repeticiones en Educación Primaria. Se aplicarán nuevas medidas que impedirán repetir curso, haciendo que solo se pueda aplicar al final de cada ciclo (segundo, cuarto y sexto) y no en cada curso académico como en la actualidad.
• Eliminación de las reválidas. Se eliminan las reválidas y se vuelve a utilizar el anterior formato de Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).
• Obtención de Bachillerato con una asignatura suspensa. Es posible, de forma excepcional, obtener el título de Bachillerato aún teniendo una asignatura suspensa.
• Sin alternativas a Religión. En la ESO la asignatura de Religión será voluntaria y no tendrá una asignatura espejo como alternativa.
• Eliminación de itinerarios. Se eliminan los itinerarios que hacían que alumnos con menor rendimiento acudieran por otra vía de estudios para cursos los últimos años de la ESO, renunciando al bachillerato para acceder directamente a Formación Profesional. Se recuperan los programas de diversificación.
• Promoción con dos suspensos. Los alumnos de la ESO, de manera excepcional, podrán promocionar de curso con dos asignaturas suspensas.
• Programas de segunda oportunidad. En Formación Profesional habrá programas de segunda oportunidad de carácter profesional para quienes abandonen la ESO sin obtener el título.

Estas son algunas de las novedades más destacadas establecidas en el aprobado Proyecto de ley LOMLOE.

El anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual castigará cualquier tipo de comportamiento sexual que pueda atentar contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Este tipo de actos supondrán una pena de prisión de 1 a 4 años. Además, se incluye como delito leve el llamado «acoso callejero».

En el caso de que se produzca una violación, el castigo para los autores de ellos será de 4 a 10 años de prisión. No obstante, la condena podría llegar a ser elevada hasta los 12 años en el caso de que concurra una circunstancia agravante y hasta los 15 años si concurren dos o más de estas circunstancias.

El Consejo de Ministros ya ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley, con la cual se da máxima importancia al consentimiento de la víctima para que se pueda determinar que existe un delito sexual, sin que sea necesario que haya violencia o intimidación para que se considere una agresión.

De acuerdo al mismo se entiende que no existe consentimiento cuando la víctima no lo haya manifestado de una forma concluyente su expresa voluntad de participar en el acto. De esta manera se conoce a este anteproyecto de ley como «Solo sí es sí«.

En el anteproyecto castiga con pena de prisión de 1 a 4 años toda agresión sexual, la cual se define como cualquier acto que pueda atentar contra la libertad sexual de una persona sin que preste su consentimiento expreso. En el Código Penal actual, se tipifica también el abuso por separado, con penas de prisión de entre 1 y 5 años.

En la reforma del Código Penal se castiga la violación, en la que debe existir penetración, con penas de prisión de 4 a 10 años. En función de los agravantes estas pueden castigarse con hasta 12 años o una pena máxima de 15 años en el caso de que se den dos agravantes.

Entre los posibles agravantes se encuentran el uso de armas, trato vejatorio o degradante, agresión grupal o que la víctima sea especialmente vulnerable.

El precio de la vivienda en España subió un 3,6% en el cuarto trimestre del pasado año 2019, lo que supone el menor aumento aumento desde el primer trimestre de 2015. Al mismo tiempo, representa una caída de más de un punto con respecto al mismo periodo del año anterior (2018), tal y como refleja el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) .

En lo que respecta al tipo de vivienda, la tasa de la vivienda nueva alcanzó el 5,3%, lo que supone 1,3 puntos menos de la registrada durante el trimestre anterior. La vivienda de segunda mano, por su parte, baja un punto hasta situarse en un 3,4%.

Dicha variación mantiene la tendencia alcista de los últimos trimestres, si bien lo hace de una forma más moderada. En todo caso, de acuerdo a la publicación del INE, el precio disminuyó en 10 comunidades autónomas en el cuarto trimestre de 2019, mientras que en las otras 7 se registraron aumentos.

El mayor incremento de precio de la vivienda han tenido lugar en Castilla y León y Murcia, donde crecieron nueve décimas, así como en Asturias, donde lo hizo en ocho. En el lado contrario, con un mayor descenso, están el País Vasco, Andalucía y la Comunidad de Madrid, con bajadas del 1,9; 1,8; y 1,7 puntos, respectivamente.

En la totalidad del pasado año 2019 todas las comunidades autónomas, además de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, experimentaron un aumento de precio en la vivienda. En este sentido, Ceuta, Aragón e Islas Baleares son las que han tenido un mayor aumento, mientras que las que menos lo han sufrido han sido Extremadura y Cantabria.

De acuerdo a lo indicado por parte de los expertos, la moderación en los precios continuará durante 2020. No obstante, se indica que la evolución de la vivienda dependerá de la zona geográfica. De hecho, se estima que las primeras caídos de precios podrían tener lugar en zonas como Madrid o Barcelona.

Las medidas tomadas para tratar de frenar la expansión del coronavirus llegan con sanciones económicas para quienes traten de eludir las prohibiciones existentes en las diferentes Comunidades Autónomas.

Uno de las primeros en anunciar las sanciones por no cumplir con las medidas de aislamiento domiciliario impuestas por el Covid-19 fue el Gobierno de La Rioja, que de boca de María Marrodán anunció hace unos días que la multa económica podría alcanzar los 600.000 euros.

Marrodán lo anunció en una rueda de prensa junto a la consejera de Salud de La Rioja Sara Alba. La epidemia en La Rioja y de manera específica en Haro, donde se concentran la mayoría de los casos dentro de la comunidad autónoma.

A raíz de ello han decidido tomar medidas diversas para el control del la infección y evitar su propagación, como ha sido el acceso controlado al centro de salud de Haro o el refuerzo del control del aislamiento domiciliario de los afectados. Para ello han contado con la colaboración de las fuerzas de seguridad, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local de Haro.

La delegada del Gobierno en La Rioja advirtió que los ciudadanos tienen el deber de cumplir con las medidas adoptadas y que se encuentra recogido en la Ley. Por ello aseguran que se mantendrán firmes en el caso de que no se cumpla de manera voluntaria. Si es necesario harán uso de los diferentes mecanismos legales y jurídicos.

De hecho, el incumplir las medidas de aislamiento puede llevar sanciones administrativas y multas de 3.000 a 600.000 euros. El importe de las mismas vendrá determinado de acuerdo a un criterio de proporcionalidad y estudiando cada situación en particular, buscando siempre actuar con una contundencia apropiada de acuerdo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Así pues, la ley actuará contra aquellos que decidan hacer caso omiso de las advertencias e indicaciones con respecto al aislamiento por coronavirus.