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El movimiento okupa sabe a la perfección el modus operandi que debe seguir para poder invadir las casas y ocuparlas sin que nadie pueda echarles. Para conseguir su objetivo buscan aprovechar los agujeros que tiene la ley.

A menudo, los Okupas buscan viviendas antes de ser ocupadas por las familias que las han comprado y rompen las cerraduras para entrar en las mismas. A menudo acostumbran a llamar a la policía y autodenunciarse, aunque pueda resultar paradójico.

Al autodenunciarse y recibir la visita policial, les indican que llevan varios días allí aunque sea mentira, ya que esta mentira es clave para evitar un posible desalojo.

Esto se debe a que la policía puede desalojar sin necesidad de orden judicial una vivienda que ha sido ocupada de manera ilegal, siempre que haya sido ocupada en un tiempo máximo de 48 horas.

 

Una vez han transcurrido dos días desde la ocupación es necesaria una orden judicial, lo que hace que desde ese momento se deba iniciar un proceso que puede llegar a durar varios años. Por esta razón acostumbran a mentir nada más acceder a las viviendas y así hacer ver a la policía que son ocupas pero que ya han cumplido con el tiempo mínimo estipulado para que puedan ser desalojados sin orden judicial.

Estas maniobras llevadas a cabo por los Okupas no son casuales y están reflejadas en un Manual de Okupación, en el cual se indican los pasos que se deben seguir para forzar entradas, romper los bombines de las puertas y así proceder a la ocupación de las viviendas sin la posibilidad de que los puedan echar.

Así pues, los Okupas utilizan esta forma de actuación a la hora de acceder a las viviendas y proceder a su ocupación de manera ilegal, asegurándose un lugar en el que vivir durante grandes periodos de tiempo.

En el pasado mes de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros privados, buscando con ello reforzar la protección de los asegurados y hacer que la comercialización de estos productos sea más transparente.

Entre las nuevas medidas que se adoptarán a causa de esta nueva normativa, se encuentra que el cliente debe tener toda la información relativa a los gastos y costes relacionados con el producto, además de los riesgos existentes.

Con esta norma se busca establecer unas condiciones de competencia equitativa para todos los operadores, estableciéndose además una serie de requisitos que deben cumplirse a la hora de distribuir los diferentes productos de inversión de los seguros, buscando proteger a los clientes y evitando posibles conflictos de interés.

De esta manera, el asegurado tendrá que estar al tanto de todos los riegos derivados de sus productos de inversión que estén basados en seguros, además de las diferentes estrategias de inversión que se hayan ofrecido y también informarle de manera periódica sobre el producto de inversión.

La nueva normativa también llega para reforzar las infracciones y las sanciones, estableciendo multas de mayor cuantía. También se fijan procedimientos determinados para que se puedan llevar a cabo denuncias públicas, buscando la colaboración de los profesionales sin riesgo alguno para aquellas personas que sean las encargadas de comunicar las irregularidades.

Con esta ley se consideran como distribuidores de seguros y reaseguros a las entidades aseguradoras y reaseguradoras, a los mediadores complementarios (comparadores y encargados de distribuir productos accesorios) y a los mediadores tradicionales como los corredores y los agentes.

Con la nueva normativa se busca que los mediadores de seguros puedan hacer uso de páginas web y otras técnicas de comercialización a distancia en los que sea posible facilitar al cliente información en el que pueda comprar entre diferentes coberturas y precios de diferentes productos de seguros de diferentes compañías.

Con la llegada del año 2019, el salario mínimo interprofesional (SIM) ascendió de los 735,90 a los 900 euros al mes, lo que supuso un incremento del 22,3%, el más grande de los últimos años. Esta medida ha provocado que haya muchas dudas de cómo aplicar este nuevo salario mínimo.

Para ello hay que acudir al Real Decreto 1462/2018, que se encarga de fijar las cuantías en función del periodo temporal que se utilice como referencia para el cómputo para conocer el salario mínimo, es decir, 30 euros al día, 900 euros al mes y 12.600 euros anuales (divido en 14 pagas). De igual forma se establece que los empleados del hogar deben cobrar un mínimo de 7,04 euros por hora trabajada, y aquellos empleados eventuales y temporeros un mínimo de 42,62 euros por jornada.

¿Qué es el SMI?

El Salario Minimo Interprofesional (SIM) es la cuantía que, cómo mínimo, que debe percibir un trabajador por desempeñar su actividad laboral durante una jornada, sin importar su edad, su sexo o si se trata de un trabajador, fijo, eventual o temporero, existiendo por tanto un mínimo que está fijado por el Gobierno a través del Real Decreto.

Este SMI se establece después de que el Gobierno se reúna con las organizaciones sindicales y las principales asociaciones empresariales, valorando diferentes aspectos como la productividad media nacional, el IPC, el incremento de la participación de trabajo en la renta del territorio nacional o la situación económica general.

A la hora de hablar del SMI se deben hablar de salario bruto para jornadas completas, debiendo tener en cuenta el cómputo por año que se encuentra fijado en 2019 en 12.600 euros independientemente de que se abone en 12, 14 o más pagas. En el caso de que se trate de jornadas parciales, se calculará de manera proporcional.

En este salario mínimo se computa tan solo la retribución de carácter económica que pueda, haciendo que el salario en especie pueda llegar a minorar la cuantía íntegra del líquido que debe percibir el trabajador.